Ley N° 20.603 Modifica la Ley N° 18.216 que Establece Medidas Alternativas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad. De medidas alternativas a penas sustitutivas

Este miércoles 27, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.603 que modifica la Ley N° 18.216 sobre Medidas Alternativas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad. Además, esta norma modifica el número 2º del artículo 39 bis del Código Penal; los Artículos 129 inciso 4°, 140 inciso 4°, 412 inciso 3°, 398 inciso 1°, 413 letra e), 466 inciso 1° y 468 inciso 3° del Código Procesal Penal; los Artículos 3° y 8° del Decreto Ley Nº 2.859 de 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; el Artículo 62 de la ley Nº 20.000; el Artículo 6 de la Ley Nº 19.856, que Crea un Sistema de Reinserción Social de los Condenados sobre la Base de la Observación de Buena Conducta; y los Artículos 305 Bis C y 363 inciso 3° del Código de Procedimiento Penal.

Modificaciones a la Ley N° 18.216

El Artículo 1° de la ley introduce modificaciones a los 31 Artículos de la Ley 18.216, sea sustituyendo, derogando o agregando nuevas disposiciones. Por lo que, no enunciaremos todas ellas, sino que mencionaremos los aspectos más relevantes de su contenido. En primer lugar, señalar que la Ley N° 20.603 cambia la terminología de “medidas alternativas” por “penas sustitutivas”  y es precisamente una de las orientaciones principales de la modificación, y por tanto no sólo se añaden nuevas instituciones como la expulsión del país y la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, sino que esto se traduce en un cambio en la forma en que operarán las medidas alternativas existentes, al considerarse penas sustitutivas lo que no sólo conlleva un mero cambio accidental. De acuerdo al Artículo 1° n° 2) de la ley, se reemplaza el Artículo 1° en donde se enuncian las penas sustitutivas contempladas en esta ley, así el inciso primero de este precepto prescribe:

La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por alguna de las siguientes penas: a) Remisión condicional. b) Reclusión parcial. c) Libertad vigilada. d) Libertad vigilada intensiva. e) Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34. f) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad”.

Respecto a la remisión condicional (ya no remisión condicional de la pena), el nuevo artículo 3° la define como “la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la discreta observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo’’ y ya no como “suspensión del cumplimiento de la pena”.

En tanto la reclusión nocturna, se modifica por reclusión parcial que podrá ser aplicada bajo modalidad nocturna, diurna y o de fin de semana. El inciso primero del Artículo 7° agregado por esta ley, reza: “La pena de reclusión parcial consiste en el encierro en el domicilio del condenado o en establecimientos especiales, durante cincuenta y seis horas semanales”.

Se agrega a las señaladas en la Ley N° 18.216, la de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad, regulado en un nuevo párrafo 3° agregado por la ley, Así el nuevo artículo 10 consiste en “la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad, coordinadas por un delegado de Gendarmería de Chile”. Cabe destacar que la instauración de esta pena se produjo por la Ley N° 20.587 publicada en el Diario Oficial con fecha 7 de junio, que modificó los Artículos 21 y 49, y agregó los Artículos 49 Bis, 49 ter, 49 quáter, 49 quinquies y 49 sexies todos del Código Penal como sustitutivas a la pena de multa, principalmente en el caso en que el sentenciado no tuviere bienes suficientes para pagarla.

Respecto a la Libertad Vigilada se introduce además la pena de La libertad vigilada intensiva que “consiste en la sujeción del condenado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales.”, de acuerdo al nuevo Artículo 14 agregado. Otro aspecto relevante es que “si el condenado presentare un consumo problemático de drogas o alcohol, el tribunal deberá imponerle, en la misma sentencia, la obligación de asistir a programas de tratamiento de rehabilitación de dichas sustancias, de acuerdo a lo señalado en este artículo” (Artículo 17 bis agregado).

En cuanto a la pena de Expulsión del Territorio Nacional, el inciso 1° del Artículo 34 agregado por esta ley, establece que “Si el condenado a una pena igual o inferior a cinco años de presidio o reclusión menor en su grado máximo fuere un extranjero que no residiere legalmente en el país, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá sustituir el cumplimiento de dicha pena por la expulsión de aquél del territorio nacional”. En tanto el inciso 3° del mismo precepto, prescribe “El condenado extranjero al que se le aplicare la pena de expulsión no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de diez años, contado desde la fecha de la sustitución de la pena”. Cabe señalar que de acuerdo al tenor de este Artículo, la pena de expulsión al extranjero, difiere de la “pena de extrañamiento especial en su país de origen”, establecida en el Artículo 5° de la Ley N° 20.588, publicada en el Diario Oficial con fecha 1 de junio de 2012.

Monitoreo telemático. La ley en comento agrega un nuevo título III correspondiente a los Artículos 23 bis y siguientes, en que se establece el monitoreo telemático como un medio de control para las penas de reclusión parcial y de libertad vigilada intensiva, de conformidad al inciso 2° del Artículo 23 bis y se define como “toda supervisión por medios tecnológicos de las penas establecidas por esta ley” (Inciso 1° del Artículo 23 bis).

Ante el caso de incumplimiento del condenado de alguna de las medidas señaladas en la ley, con excepción de la regulación especial de la expulsión del territorio nacional, el Artículo 25, expresa como regla general lo siguiente: “Para determinar las consecuencias que se impondrán en caso de incumplimiento del régimen de ejecución de las penas sustitutivas de que trata esta ley, se observarán las siguientes reglas:

1.- Tratándose de un incumplimiento grave o reiterado de las condiciones impuestas y atendidas las circunstancias del caso, el tribunal deberá revocar la pena sustitutiva impuesta o reemplazarla por otra pena sustitutiva de mayor intensidad.

2.- Tratándose de otros incumplimientos injustificados, el tribunal deberá imponer la intensificación de las condiciones de la pena sustitutiva. Esta intensificación consistirá en establecer mayores controles para el cumplimiento de dicha pena”.

En cuanto a la entrada en vigencia, el Artículo 8º de la Ley N° 20.603, “las normas de esta ley entrarán en vigencia a contar de la publicación en el Diario Oficial de las adecuaciones que, en virtud de ésta, deban ser incorporadas en el decreto supremo Nº 1.120, de 1984, del Ministerio de Justicia, reglamento de la ley Nº 18.216. No obstante, las siguientes penas entrarán en vigencia, gradualmente, en la forma que se indica: a) La pena de libertad vigilada intensiva, contemplada en el artículo 15 bis de la ley Nº 18.216, regirá desde el momento señalado en el encabezamiento de este precepto. Sin embargo, sólo procederá su control mediante monitoreo telemático, en la forma prevista en el artículo 23 bis, inciso tercero, de la misma ley, respecto de aquellos sujetos a quienes se les hubiere sustituido la pena privativa de libertad impuesta, cuya duración sea superior a cuatro años y no exceda de cinco. Lo anterior no obstará a que la pena de libertad vigilada intensiva se imponga igualmente a los demás condenados, en los casos señalados en la letra b) del mencionado artículo 15 bis. b) El control mediante monitoreo telemático de la pena de libertad vigilada intensiva contemplado en el artículo 23 bis, inciso tercero, de la ley Nº 18.216, comenzará a regir, respecto de la totalidad de los casos del artículo 15 bis, letra b), de la misma ley, transcurrido un año desde la publicación de las adecuaciones a las que alude el encabezamiento de este precepto. c) La pena mixta prevista en el artículo 33 de la ley Nº 18.216, entrará en vigencia transcurridos dos años desde la mencionada publicación.

Sin perjuicio de los plazos de entrada en vigencia anteriormente contemplados, Gendarmería de Chile podrá dar inicio al proceso de licitación al cual hace mención el artículo 23 quáter de la ley Nº 18.216 desde la publicación de la presente ley.

Las adecuaciones señaladas en el inciso primero de este artículo deberán efectuarse dentro de los dieciocho meses siguientes a la publicación de la presente ley.

Consulte la Ley N° 20.603, en Microjuris

Vea también, nota sobre publicación de la Ley N° 20.587 y 20.588.

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