Proyecto promueve la participación de los estudiantes de los establecimiento educacionales

estudiantes educacion superior asociacion universidadEn la línea de avanzar en los derechos estudiantiles, un grupo de diputados de oposición, liderados por Carlos Montes (PS), presentó una moción que reconoce la libertad de asociación y promueve la participación de los estudiantes de establecimientos de educación básica, media y superior. El proyecto fue enviado a la Comisión de Educación para su análisis.

Si bien los legisladores reconocen que el proyecto de Ley General de Educación contempló una norma referida a las organizaciones representativas de la comunidad escolar, estimaron que la disposición resulta insuficiente para garantizar este derecho. Además, estimaron que la regulación establecida en el Decreto 524, de 1990, no resulta satisfactoria para los estudiantes, al no asegurar la autonomía de las organizaciones ni permitir la existencia de federaciones de centros de alumnos.

Criticaron que la normativa actual de la Ley General de Educación, en lo que se refiere a las instituciones de educación superior, prohíba expresamente la participación con derecho a voto de los estudiantes y funcionarios administrativos en el gobierno de los planteles. “Al respecto, reconociendo que hay diversas visiones sobre el particular, es una materia que debería quedar sometida a la decisión de cada una de las comunidades educativas”, plantearon.

El proyecto establece que el Estado reconoce el derecho a organizarse de los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica, media y de las instituciones de educación superior, en sus diversas modalidades, precisando que, “en ningún establecimiento educativo del país, sea éste público o privado, se podrá negar, condicionar o entorpecer, de cualquier modo, la constitución y funcionamiento de una organización representativa de los estudiantes”.

Asimismo, indica que el Estado reconoce el derecho a constituir federaciones y confederaciones de estudiantes en todos los niveles, las cuales podrán agrupar, según el caso, a los centros de alumnos y federaciones estudiantiles de uno o más planteles y tener alcance comunal, regional y nacional. Del mismo modo, reconoce el derecho a constituir federaciones y confederaciones, en dichos niveles, que agrupen y promuevan intereses específicos de los estudiantes, tales como los derivados de su pertenencia a pueblos originarios.

La moción determina que las organizaciones estudiantiles gozarán, en cuanto a su constitución y funcionamiento, de independencia y autonomía, y podrán obtener personalidad jurídica en la forma y condiciones que establezca el reglamento respectivo. Con dicho objeto la organización estudiantil deberá contar con un estatuto que se ajuste a lo dispuesto en dicha normativa.

Además, establece que los centros de alumnos, federaciones y confederaciones estudiantiles representarán a los estudiantes ante las autoridades de sus respectivos planteles y de los diversos organismos de la administración pública, pudiendo, en ese carácter, formular peticiones, sin más requisitos que realizarlo en forma respetuosa y conveniente.

Conforme a lo anterior, se propone que los establecimientos educacionales cuenten en su reglamento interno con un apartado en que se dispongan los mecanismos y oportunidad en que se considerarán las opiniones, propuestas y peticiones de los estudiantes. Además, sin perjuicio de la actividad de los Consejos Escolares, deberán considerarse, a lo menos, reuniones bimensuales entre la Mesa Directiva del Centro de Alumnos, el equipo docente directivo y el sostenedor del establecimiento o su representante.

La moción plantea sancionar con una multa de 50 a 100 UTM a los sostenedores que, de cualquier modo prohíban, entorpezcan, dificulten o condicionen la creación y funcionamiento de las organizaciones estudiantiles, como asimismo, aquéllos que no establezcan los canales de participación fijados en esta normativa. La reincidencia sería castigada siempre en el máximo del rango señalado.

Los diputados también postulan eliminar la restricción de derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos, tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección de ella, como en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas.

Finalmente, los legisladores establecen una serie de normas transitorias para que los establecimientos adecuen sus disposiciones a las presentes exigencias.

(Fuente: Cámara de Diputados)

Revise el proyecto boletín 8648.

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