La Contraloría determinó la legalidad en la elaboración e implementación del plan «Salvemos el Año Escolar» por parte del Ministerio de Educación

DERECHO A LA EDUCACIÓN – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Don Guido Girardi Lavín y don Juan Pablo Letelier Morel, presidente y vicepresidente del Senado, respectivamente, doña María Antonieta Saa y don Rodrigo González Torres, diputados de la República, además de otros representante de distintas organizaciones educacionales, han requerido al órgano contralor con el fin de determinar diversos aspectos relacionados con el plan “Salvemos el Año Escolar”, impulsado por el Ministerio de Educación, en particular, acerca de cuál es el sustento jurídico para su elaboración e implementación, y qué competencias corresponde ejercer en materias de evaluación y promoción escolar a los establecimientos educacionales que se hubieren encontrado impedidos de realizar clases regulares como consecuencia de la paralización de sus actividades educativas normales.

El plan «Salvemos el Año Escolar» elaborado por la Secretaría de Educación, contempla tres alternativas para todos aquellos estudiantes pertenecientes a establecimientos que se hubieren encontrado en situación de imposibilidad de efectuar clases regulares con ocasión de la paralización de los mismos, y que quieran finalizar el año escolar.

Al respecto La Contraloría General, estableció  que el plan «Salvemos el Año Escolar» tiene como propósito evitar que la paralización de diversos establecimientos educacionales del país impida a sus alumnos finalizar el año escolar, ello relacionado con la normativa vigente,  principalmente el inciso primero del numeral 10° del artículo 19 de la Carta Fundamental, garantiza a todas las personas el derecho a la educación, y que acorde a lo dispuesto en el inciso tercero del referido precepto constitucional, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, correspondiendo al Estado otorgar especial protección a dicho derecho; inciso primero del artículo 22 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los Ministerios son los órganos superiores de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, agregando el inciso segundo de la misma norma que para tales efectos, deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector, llevó a concluir que la elaboración e implementación de dicho plan por parte del Ministerio de Educación, encuentra sustento constitucional y legal.

Asimismo la Contraloría determinó que “respecto a la afirmación realizada, en orden a que no resultaría procedente que el Ministerio de Educación contemple en el cuestionado plan la posibilidad de promover a aquellos alumnos que aprueben un examen final que evaluará los contenidos mínimos de aprendizaje del respectivo nivel, ya que no se estaría ante el supuesto regulado en el artículo 28 del decreto exento N° 2.272, de 2007, de dicha Secretaría. Se debe aclarar que de acuerdo a lo informado, la aludida medida no se funda en el indicado precepto, sino que la sustenta en lo establecido en los decretos exentos N°s. 511, de 1997; 112, de 1999, y 83, de 2001, todos del Ministerio de Educación -que aprueban los reglamentos de evaluación y promoción escolar de los alumnos de los niveles que cada uno de ellos enuncia-, en cuanto sus artículos 15; 11 y 13, respectivamente, previenen que las situaciones de evaluación y promoción escolar no contempladas en estos últimos decretos, serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación correspondientes dentro de la esfera de su competencia.”

Por otro lado señaló “El artículo único del decreto exento N° 1.223, de 2002, del Ministerio de Educación, complementó los citados decretos N°s. 511; 112 y 83, señalando, en su inciso primero, que «en situaciones excepcionales que puedan producir serios perjuicios a los alumnos de establecimientos educacionales» de los niveles de educación básica y media, «el Jefe del Departamento Provincial de Educación que corresponda arbitrará todas las medidas que fueren necesarias con el objeto de llevar a buen término el año escolar». En este contexto, es menester señalar que dado que el supuesto de que se trata se refiere a la evaluación y promoción general de alumnos de establecimientos educacionales que paralizaron sus actividades educativas, el Ministerio de Educación ha podido, en ejercicio de sus atribuciones y en procura del Bien Común, implementar un sistema que haga efectivo el derecho a la educación para quienes se adscriban voluntariamente al mismo, resultando procedente aplicar las normas antes citadas que autorizan a las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales a resolver sobre tales materias y a los Jefes de los Departamentos Provinciales de Educación para adoptar medidas de manera de llevar a buen término el año escolar.”

Véase Dictamen en MICROJURIS

Comments

  1. No creo que la manera de castigar a un alumno se castigandoo

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