Demandan urgencia para moción que otorga a intendentes la facultad temporal de establecer el estado de excepción

El Vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, es el autor de la iniciativa que apunta a resolver la situación que se produce en caso de calamidad que “ponga en riesgo la vida, integridad de zonas habitadas, patrimonio fiscal y servicios de interés social”.

«Los 50 comerciantes minoristas que desde el 27 de febrero de 2010 perdieron su fuente de ingreso a causa de los saqueos y que los he apoyado en su demanda en contra del Estado, están pronto a tener una solución que, aunque es tardía, sin duda es completamente necesaria y justa», afirmó el Vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro.

Por estas razones, el senador Navarro hizo un llamado a «considerar el pronto debate la moción legislativa que hemos presentado el mismo 2010 y que le otorga a los intendentes la facultad extraordinaria y temporal de establecer estado de excepción constitucional de catástrofe en caso de calamidad que ponga en riesgo la vida, integridad de zonas habitadas, patrimonio fiscal y servicios de interés social, pues de esta forma se puede afrontar y enfrentar de mejor manera  la situación que altera el estado de la normalidad».

Precisó que «según el Fisco, para los días 27 y 28 de febrero de 2010 había en las calles aproximadamente 3 mil uniformados trabajando. Cuestión que en la práctica, en Lota, Coronel, San Pedro, Talcahuano, Concepción y otras comunas del interior, sabemos que no fue así».

Aseveró que en la práctica se produjeron numerosos «saqueos, en donde los pequeños empresarios fueron los más perjudicados por la falta de orden público». Asimismo comentó que «todo esto fue a causa del basado decreto Supremo Presidencial N° 150 conforme a la Ley N° 16.282, en el que se excluye extrañamente la participación de las Fuerzas Armadas. Hecho que constitucional y legalmente sí estaba permitido, pero que se obvió».

Enfatizó que «las responsabilidades son claras. Las intenciones de las Fuerzas Armadas por restablecer el orden, sin lugar a dudas, fueron cercenadas, puesto que aquí fue el Ejecutivo el que tardó en reaccionar y en prever las devastadoras consecuencias del fenómeno social del saqueo».

Puntualizó que «hubo negligencia. La Constitución en su artículo 19, número 24, obliga al Estado a preservar la integridad física y el derecho de propiedad privada, cuestión que fue violada para estos comerciantes. La ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado,  indica que es el Estado el responsable por los daños que causen los órganos de la Administración».

El senador Navarro informó también que «se han presentado pruebas de testigos de estos saqueos, específicamente de Coronel y Lota, cuya sentencia será pública en 9 días más. Faltan aún los otros testimonios de comerciantes de Talcahuano y San Pedro. También declararon Carabineros y la Policía de Investigaciones».

En ese sentido, aseguró  que «tal como se ha desarrollado en el transcurso del proceso judicial, estamos confiados de que los pequeños comerciantes, con quienes nos reuniremos prontamente, sí tendrán una resolución de juicio favorable, ya que las pruebas presentadas hasta ahora reafirman la contundencia de nuestra demanda, por la cual todo indica que el Estado sí tendrá que compensarlos».

(Fuente: Senado)

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