Corte Suprema condena a concesionaria de carreteras por accidente en peaje

La Corte Suprema condenó a concesionaria Ruta de Los Ríos a pagar una indemnización de más de 60  millones de pesos a matrimonio que sufrió un accidente automovilístico en un peaje de la vía.

En fallo unánime (causa rol  2911-2011), los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal Adalis Oyarzún, Sergio Muñoz, Guillermo Silva, Alfredo Pfeiffer (suplente) y el abogado integrante Domingo Hernández, acogieron el recurso de casación presentado por la pareja en contra de la concesionaria, por accidente que tuvieron el 20 de abril de 2003.

La sentencia determina la responsabilidad contractual de la empresa en el choque del automóvil en que viajaban Juan Ramírez Matus, Débora Inostroza Sanzana y su grupo familiar. El móvil se estrelló contra una barrera medianera, ubicada en el kilómetro 875,9 de la vía. La resolución determina la responsabilidad contractual de la empresa, la que se encuentra ligada con los usuarios de la vía por medio de un contrato que firma con el Estado.

“Es así como la empresa concesionaria se encuentra relacionada jurídicamente con la autoridad estatal –unión de Derecho Público, regulada por la ley y el contrato de concesión-, al tiempo que su vinculación también se produce con cada uno de los usuarios del camino que tiene concedido en explotación, de suerte tal que el régimen al que adscribe una concesión de obra pública concierne a distintas relaciones jurídicas, unas de carácter público y otras de índole privada, según sea con quien conviene el concesionario. Al respecto, se ha dicho que la concesión supone un acuerdo previo entre la Administración y el concesionario, que se obtiene a través del mecanismo contractual. El acto administrativo de concesión viene a ser la prestación a que una de las partes contratantes –la Administración– se obliga; siendo objeto de este contrato un servicio público, el contrato es de carácter administrativo. La concesión implica una escisión entre titularidad del servicio –que corresponde al Estado– y su explotación, de la que se hace cargo el concesionario, el cual obtiene como retribución de su actividad el producto de las tarifas o precios pagados por los usuarios. (Garrido Falla, Fernando; “Tratado de Derecho Administrativo”, citado por Jaime Santos Briz en “Derecho de la Circulación Vial. Contratos”, La Ley – Actualidad; 1998, pág. 304). De acuerdo con eso, el usuario del servicio en su relación con la concesionaria está en una situación contractual, ligado a la concesión por un contrato de derecho privado, en que las prestaciones recíprocas entre los contratantes se constituyen por la provisión, de un lado, de una ruta o camino con determinadas características cualitativas de rango relativamente superior y, de otro, el pago de un valor prefijado por ello. Ese precio o peaje no se encamina sólo a financiar un servicio público que se presta sin un interés ulterior de quien lo provee, sino que, por el contrario, la sociedad concesionaria –no el Estado-, actúa movida, como le es connatural, por el afán de obtener una legítima ganancia”, dice el fallo.

La resolución agrega: “Como es sabido, la responsabilidad civil condice con la obligación en que se coloca una persona de reparar adecuadamente todo daño o perjuicio causado, derivada del injusto que se produce con la vulneración de un deber de conducta, afectando el interés de una determinada persona. Por lo tanto, independiente de cuál sea la denominación que se asigne al contrato habido entre empresa concesionaria de una ruta y el usuario del mismo, lo importante es que el desacato por una parte a una obligación comprometida en ese vínculo y que provoque daño al otro contratante, hace que el primero debe responder por ello y, como es lo ordinario, la responsabilidad se traduce en la obligación de resarcir los perjuicios causados al afectado. En la especie, por disposición del artículo 23 del citado Decreto Supremo N° 900, el concesionario se obliga a conservar las obras, sus accesos, señalización y servicios en condiciones normales de utilización, suprimiendo las causas que originan molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de las obras, salvo que la adopción de medidas que alteren la normalidad del servicio obedezcan a razones de seguridad o de urgente reparación. Que la concesión de la Ruta 5, tramo Temuco–Río Bueno que concierne al pleito, prevé en sus bases de licitación (2.5.1) los deberes de conservación y mantenimiento de la ruta por parte del concesionario, referidos puntualmente, entre otros elementos, a la conservación de señales y defensas camineras. Asimismo, en el ámbito del “Servicio a los Usuarios” (2.5.3.2) las medidas de seguridad y control, a propósito de las que se explicita que la sociedad concesionaria se responsabiliza en adoptar las medidas de ese tipo en el tramo de la concesión, en conformidad con las disposiciones legales vigentes y, de operar y mantener el camino en condiciones normales de servicio, de modo de evitar accidentes, debiendo responder ante toda acción legal que los usuarios pudieran intentar en su contra, debido a negligencias cometidas a este respecto. En ese contexto, la concesionaria quedó en el deber, además, de instalar, a su costo, la señalización adicional y complementaria a la que las bases de licitación hacen referencia bajo el mismo epígrafe enunciado en el párrafo que antecede”.

La sentencia determina que  la autopista debe pagar $750.000 (setecientos cincuenta mil pesos) por daño material (vehículo), $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) por daño moral a favor de Juan Ramírez Matus, y $10.000.000 (diez millones de pesos) por daño moral a Débora Inostroza Sanzana.

(Fuente: Poder Judicial)

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