Ley N° 20.595, Ingreso ético familiar y Subsidio al empleo de la mujer. Seguridades y Oportunidades. Oportunidades por Logros.

Este 17 de mayo se publicó en el Diario Oficial, la Ley N° 20.595 que Crea el Ingreso Ético Familiar que establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea Subsidio al Empleo de la Mujer. De acuerdo al inciso 1° del Artículo 1°, el objeto de la ley es crear “un Subsistema de Protección y Promoción Social denominado Seguridades y Oportunidades’’. Y adicionalmente, uno denominado Oportunidades por Logros, inciso 2°. Estos subsistemas, de acuerdo al inciso 2° del Artículo 2°,  “formarán parte del Sistema Intersectorial de Protección Social creado por la ley N°20.379”( que Crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e Institucionaliza el Subsistema de protección integral a la infancia “Chile crece contigo”). Siendo aplicable sus disposiciones en todo aquello que no sea contrario a las disposiciones de la presente ley. El objeto de este nuevo “subsistema” es brindar seguridades y oportunidades a las personas y familias que participen en él, de modo de promover el acceso a mejores condiciones de vida.

SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. (Título I, Ley N° 20.595)

Beneficiarios.

En cuanto a sus beneficiarios, la norma expresa que estos mecanismos de protección social están enfocados a personas y familias que se encuentren en situación de pobreza extrema (inciso 1° del Artículo 3°) y a personas o familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En el caso de situación de pobreza extrema,  la ley declara que “se entenderá que están en situación de pobreza extrema las personas y familias cuyo ingreso per cápita mensual sea inferior al necesario por persona para satisfacer sus necesidades alimentarias. Dicha condición se verificará de conformidad a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 22 de la presente ley”. (Inciso 3°, Artículo 3°). El inciso 5° del precepto citado, establece que “los menores adultos serán plenamente capaces para efectos del acceso y participación en el Subsistema y percepción de los beneficios del mismo”. En cuanto a la situación de vulnerabilidad, la ley entiende que un solicitante, se encuentra en esta situación “por cumplir con cualquiera de las siguientes condiciones:

(a) Tener 65 o más años de edad, vivir solo o con una persona y estar en situación de pobreza. Para la calificación de condición de pobreza no se considerarán los beneficios que le hayan sido otorgados de conformidad a la ley N° 20.255;

(b) Las personas en situación de calle;

(c) Los menores de edad, cuyo adulto significativo se encuentre privado de libertad. También serán beneficiarios los cuidadores de tales menores.” (Artículo 4°)

Programas.

En términos generales, se plantea la existencia de 3 programas: Programa Eje (Artículo 6°) enfocado en la realización de un diagnóstico, elaboración de un plan de intervención, seguimiento de la participación y evaluación, evaluando la procedencia de los programas siguientes; Programa de Acompañamiento Psicosocial (Artículo 7°), tiene por objeto promover el desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias que permitan a los usuarios su inclusión social y desenvolvimiento autónomo; y  Programa de Acompañamiento Sociolaboral (Artículo 8°) que tiene por objeto mejorar la capacidad de los usuarios para generar ingresos en forma autónoma, el mejoramiento de sus condiciones de empleabilidad y participación en el ámbito laboral.

Índice de Ingreso familiar

El artículo 12, establece el índice de Aporte al Ingreso Familiar, se concreta mediante dos prestaciones transferencia monetaria base y la transferencia monetaria condicionada. La transferencia monetaria base, de acuerdo al Artículo 13,  “es una prestación social de cargo fiscal a que accederán los usuarios del Subsistema que se encuentren en situación de pobreza extrema que, adicionalmente, participen del Programa de Acompañamiento Sociolaboral o que participen únicamente del Programa de Acompañamiento Psicosocial por determinación en el Programa Eje”. En tanto, la transferencia monetaria condicionada, instituida en el Artículo 14, corresponde a “una prestación social de cargo fiscal a que accederán los usuarios del Subsistema que se encuentren en situación de pobreza extrema que, adicionalmente, participen del Programa de Acompañamiento Sociolaboral o que participen únicamente del Programa de Acompañamiento Psicosocial por determinación en el Programa Eje, que cumplan con determinadas condicionantes en las áreas de educación y/o salud que establezca el reglamento a que se refiere el inciso final de este artículo”[Artículo 16]. El inciso 1° del Artículo 12 expresa que “entenderá por índice de aporte al ingreso familiar el monto equivalente al 85% de la diferencia entre la línea de pobreza extrema y el ingreso per cápita potencial de la persona o familia, según corresponda, siempre que dicha diferencia sea positiva”. Además el Artículo 15, complementa el índice de aporte al ingreso familiar, mediante un denominado “Subsidio de Dignidad”.

OPORTUNIDADES POR LOGROS. (Título II, Ley N° 20.595)

La norma instituye una serie de bonos por logro complementarios a las prestaciones establecidas en el Subsistema o de carácter autónomos.

Bonos por logros en programas del subsistema.

Respecto a los bonos por logros en los programas de subsistema, se establece un Bono por Formalización, para participantes del programa Acompañamiento Sociolaboral, “siempre que durante su participación en el referido Programa registren cotizaciones continuas, declaradas y pagadas, por el período mínimo que determine el reglamento, el que no podrá ser inferior a tres meses ni podrá exceder de doce meses”(Artículo 19, inciso 1°);y un Bono por obtener su licencia de enseñanza media o equivalente, para aquellos usuarios del subsistema que sean mayores de 24 años de edad   (Artículo 19, inciso 2°).

Bonos por otros logros y subsidios.

Se establece además, un Bono por Esfuerzo (Inciso 1° del Artículo 20), “para quienes pertenezcan al 30% socioeconómicamente más vulnerable de la población, que logren desempeños destacados o de superación en las áreas de educación, salud, empleo, ahorro y adherencia mensual a programas intensivos o residenciales de rehabilitación de drogas, que cumplan los requisitos respectivos”. Por último, se establece un Subsidio al Empleo de las Trabajadoras “dependientes regidas por el Código del Trabajo y de las trabajadoras independientes, el que será de cargo fiscal. Tendrán acceso a este subsidio al empleo aquellas trabajadoras dependientes e independientes que tengan entre 25 y 60 años de edad y que pertenezcan al 40% socioeconómicamente más vulnerable de la población, así como sus respectivos empleadores” (inciso 1°, Artículo 21).

Otro aspecto relevante, es que de acuerdo al Artículo 24: “El Bono de Graduación de Enseñanza Media, el Bono por Formalización, el Bono por Esfuerzo, las transferencias monetarias establecidas en los artículos 14 y 16 y el Bono de Protección, son ingresos no constitutivos de renta de aquellos a que se refiere el artículo 17 del decreto ley N° 824, sobre Impuesto a la Renta. Adicionalmente, dichos bonos o subsidios no constituyen remuneración, por lo que no son imponibles para efectos previsionales”.

PROYECCIONES

Los preceptos de la ley en comento, instituyen el régimen de programas y bonos sobre “Seguridades y Oportunidades” y “Oportunidades por Logros”, pero en cuanto a su ejecución y operatividad quedan sujetos a la dictación de nueve reglamentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 3° inciso final, Art. 4 inciso final, Art. 12 inciso final, Art. 13 inciso final, Art. 16 inciso cuarto, Art. 17 inciso final, Art. 19 inciso final, Art. 20 inciso final, Art. 21 inciso final), para fijar procedimientos, criterios de postulación al programa, montos, etc;  y a la de un Decreto (Artículo 23), para establecer la cobertura anual de nuevos usuarios, según la disponibilidad de recursos consultados en la Ley de Presupuestos del Sector Público. En este sentido el Artículo 32 establece un plazo de dictación: “Los reglamentos a que hace referencia esta ley deberán dictarse dentro del plazo máximo de seis meses, contado desde la publicación de ésta en el Diario Oficial”. En suma, habrá que esperar que estos instrumentos sean dictados para analizar sus posibles criterios de  ejecución y advertir la posible existencia de vigencias diferidas que contengas sus preceptos.

Consulte el texto íntegro de la Ley N° 20.595 en Microjuris

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