En línea con buscar mayores garantías para los trabajadores, un grupo de diputados de oposición, presentó un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de reclamación por despido indebido, improcedente o injustificado.
La propuesta determina que “aquellos trabajadores que lo estimen conveniente podrán solicitar que el tribunal competente declare, además de que la causal es injustificada, improcedente, indebida o que no existe causal alguna, su reincorporación al trabajo en las mismas condiciones en las que se desempeñaba antes de la separación”.
Los legisladores recordaron que la doctrina laboral concibe distintos sistemas de término de contrato de trabajo, entre los cuales se encuentra el sistema de estabilidad cuyas causales se encuentran precisadas en los artículos 159, 160 y 161 (necesidades de la empresa) del Código del Trabajo.
“Cabe preguntarse ¿Qué sucede en aquellos casos en que se desvincula a un trabajador invocando alguna de estas causales, pero el trabajador considera que su despido ha sido injustificado, improcedente o indebido? Ante ello, la ley establece el derecho a reclamo judicial que debe materializarse dentro de los 60 días hábiles desde que se recibió el aviso de despido, pudiendo suspenderse el plazo si se presenta una reclamación ante la Inspección del Trabajo respectiva”, explicaron.
Precisaron que, frente a una situación como la descrita, el Código del Trabajo es claro al determinar que el tribunal podrá ordenar el pago de la indemnización por años de servicio y los recargos legales si procedieren. Sin embargo, acotaron, no se presenta la posibilidad de que el trabajador desista de dicho beneficio y solicite su reintegración a la empresa.
“En Chile se aplica un sistema de terminación del contrato de trabajo de estabilidad relativa, que implica el pago de las indemnizaciones legales correspondientes, y no un sistema de estabilidad absoluta, que considera el reintegro del trabajador a sus actividades”, resaltaron.
Los parlamentarios estimaron que esta situación perjudica de sobremanera a los trabajadores que se ven afectados por la pérdida de su empleo, aún cuando la causal que se haya invocado sea improcedente, injustificada, indebida o incluso cuando no haya causal de despido y así lo declare un juez, sobre todo considerando otras circunstancias de hecho que pueden empeorar la situación, como la edad del trabajador y su situación previsional.
(Fuente: Cámara de Diputados)
