Corte Suprema condena a empresa agrícola a indemnizar a alumna en práctica accidentada

La Corte Suprema determinó que la Avícola Evita de Chillán debe pagar una indemnización de $20.000.000 (veinte millones de pesos), a una joven que sufrió un accidente mientras realizaba su práctica profesional.

En fallo unánime (causa rol2220-11), los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal Juan Araya, Guillermo Silva, Carlos Cerda (suplente), Alfredo Pfeiffer (suplente) y el abogado integrante Domingo Hernández, determinaron que la empresa agrícola debe pagar la indemnización a Claudia Toro Fuentealba, alumna del Liceo Agrícola San Rafael, quien realizaba su práctica profesional en una faena de la empresa.

La sentencia determina la responsabilidad de la empresa Evita en el accidente que sufrió la joven, el 19 de junio de 2006,y que le provocó la amputación traumática del dedo anular de su mano derecha.

“Resulta evidente que la actora, en atención a que desarrollaba su práctica educacional en dependencias de la empresa del demandado, sin detentar la calidad del trabajador, se encontraba regida en el desempeño de sus labores, tanto por el Decreto Supremo N° 313 como por la Ley 16.744, cuerpos legales que confieren a los alumnos que sufren un accidente, durante la realización de su práctica educacional o profesional, coberturas de salud, que incluyen tratamientos médicos, curaciones, rehabilitaciones y prestaciones económicas, traducidas en subsidios, indemnizaciones o pensiones que deben reclamarse a propósito del infortunio, al ente de seguridad social que corresponda. Luego, resulta inconcuso que las prestaciones a que se vienen en aludir, en caso alguno resultan incompatibles con cualquier otra indemnización que se pretenda perseguir por los mismos hechos en contra de aquél a quien se le atribuye responsabilidad en la generación del siniestro, desde que las coberturas que se confieren a la víctima en virtud el seguro social, emanan directamente de la ley y no del generador del daño, según claramente se desprende de la disposición 4° del decreto, que expresamente contempla la administración del seguro por parte del Servicio de Seguro Social y del Servicio Nacional de Salud, encomendándole al primero, el otorgamiento de las prestaciones pecuniarias y al segundo, de las de salud, lo que por lo demás son financiados de la forma general que prescribe la Ley 16.744, con las especiales particularidades que regula el artículo 5° del mismo decreto. La conclusión que precede, por lo demás, resulta plenamente coincidente con el principio general de reparación integral del daño, que permite accionar de perjuicios en contra de todo aquél que, obrando con culpa o dolo, infringe daño a otro, quien deberá repararlo integralmente”, dice el fallo.

La resolución agrega: “Más allá que un alumno en práctica no detente técnicamente la calidad de trabajador, las normativas de seguridad al interior de la empresa constituyen una única y sola directriz que se impone a aquellos que se desempeñan en ella, sin que a este respecto resulte lógico distinguir entre un trabajador regido por el Código del Trabajo y otro que despliega sus labores en virtud de un convenio de práctica educacional, desde que la empresa, como unidad económica, se encuentra en una posición jurídica que le impone el deber contractual de cuidado y protección que se erige sobre un estándar de diligencia y eficacia en relación a las faenas exigibles a cabalidad respecto de todos quienes laboran, en un sentido amplio, en ella. Hay en ambos casos la misma sujeción de la persona a la labor productiva de quien pone en actividad el riesgo y que se beneficia con ello. La obligación del demandado en este caso, no puede ser entendida de otro modo, en atención a los valores comprometidos, que no son puramente patrimoniales, pues se refieren a la vida, la integridad psíquica y la salud de quienes sirven la actividad empresarial y se atienen a las facultades de fiscalización y control de quien se beneficia con el servicio. La lógica ordena considerar una protección razonable de acuerdo a las faenas y labores encomendadas, de manera tal que abarcan desde la capacitación y su equipamiento, hasta la adecuación de los espacios físicos y del proceso productivo, en consideración de la experticia y capacitación en el desarrollo de tareas similares y el grado de dificultad de la encomendada, determinando la necesidad de capacitación especializada o simulaciones previas, su peligrosidad, entre otras, variantes que corresponde asumir a la empresa. En otros términos, debido a que en derecho las cosas son lo que son por su naturaleza y no por lo que de ellas de diga, la performance de una joven que, como la actora, realiza su práctica al interior de una unidad productiva, se perfila como un servicio asimilable a un trabajo propiamente tal, al que es aplicable la copiosa preceptiva internacional e interna que lo encara y acoge de una perspectiva holística que, por cierto, vincula a la jurisdicción conservadora que este tribunal supremo está en el deber de privilegiar”.

(Fuente: Poder Judicial)

Texto completo sentencia Corte Suprema Rol2220-11

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