Corte Suprema dicta sentencia definitiva en caso de secuestro calificado de Héctor Vergara Doxrud

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de Héctor Vergara Doxrud, ocurrido a partir del 17 de septiembre de 1974, en la Región Metropolitana.

En fallo dividido (causa rol12556-2011), los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Milton Juica, Juan Araya, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y el abogado integrante Emilio Pfeffer, rechazaron el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que determinó las siguientes penas contra agentes de la DINA:

Manuel Contreras Sepúlveda: 5 años y 1 día de presidio por su responsabilidad como autor de secuestro calificado.

César Manríquez Bravo: 5 años y 1 día de presidio por su responsabilidad como autor de secuestro calificado.

Marcelo Moren Brito: 5 años y 1 día de presidio por su responsabilidad como autor de secuestro calificado.

Orlando Manzo Durán: 5 años y 1 día de presidio por su responsabilidad como autor de secuestro calificado.

Ciro Torré Sáez: absuelto por falta de participación.

La resolución determina que no existe infracción de ley en la sentencia apelada, por tratarse de un delito de lesa humanidad que no admite la prescripción de la acción.

“Atendida la naturaleza del hecho pesquisado y con arreglo a los antecedentes reunidos durante la indagación, es procedente inferir que se está en presencia de lo que la conciencia jurídica universal ha dado en denominar delito contra la humanidad. Efectivamente, el ilícito fue perpetrado en un contexto de violaciones a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado, constituyendo la víctima un instrumento dentro de una política a escala general de exclusión, hostigamiento, persecución o exterminio de un grupo de numerosos compatriotas, integrado por políticos, trabajadores, estudiantes, profesionales, adolescentes, menores y todo aquél que, en la fecha inmediata y posterior al once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, fue sindicado de pertenecer ideológicamente al régimen político depuesto o que, por cualquier circunstancia, fuera considerado sospechoso de oponerse o entorpecer la realización de la construcción social y política proyectada por los sublevados, garantizando la impunidad a los ejecutores de dicho programa mediante la no interferencia en sus métodos, tanto con el ocultamiento de la realidad ante las peticiones de los tribunales ordinarios de justicia, como por la utilización del poder estatal para persuadir a la opinión pública local y extranjera de que las denuncias formuladas al efecto eran falsas y respondían a una campaña orquestada encaminada a desprestigiar al gobierno autoritario”, dice el fallo.

La resolución agrega: “El secuestro realizado por agentes del Estado -o por un individuo que actúa con autorización, apoyo o aquiescencia oficial-, es un caso de privación de libertad que conculca, además de la libertad ambulatoria, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a deducir los recursos apropiados para controlar la legalidad de su “arresto” y que conlleva el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva de la víctima, la negación de su detención y reclusión a terceros interesados, que representan, por sí mismas, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad síquica y moral y del debido respeto a la dignidad inherente al ser humano; configuran, por tanto, una violación múltiple y continuada de numerosos derechos, que ha sido calificada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos como “una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad” (AG/RES 666), que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar, pues tales hechos merecen una reprobación categórica de la conciencia universal, al atentar contra los valores humanos fundamentales, que ninguna convención, pacto o norma positiva puede derogar, enervar o disimular”.

Además, se sostiene que “En vista de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, los hechos sobre los que versa este litigio son imprescriptibles, desde que es obligatoria para el derecho chileno la normativa del Derecho Internacional Penal de los Derechos Humanos, para la cual es inadmisible la prescripción que pretenda imposibilitar la investigación de violaciones graves de los derechos humanos y la sanción, en su caso, de los responsables, todo lo cual también se extiende para efectos de estimar improcedente la media prescripción del artículo 103 del Código Penal”.

(Fuente: Poder Judicial)

Ver texto completo sentencia Corte Suprema Rol12556-11

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