Iniciativa aumenta las exigencias de control que deben tener los notarios ante el otorgamiento de instrumentos públicos

El proyecto (boletín 8351) señala que los notarios autorizan instrumentos públicos, como las escrituras, y autorizan las firmas que se estampan en documentos privados. Estas funciones, en particular, expresan la condición especialísima que el orden social le ha entregado a los notarios, de dar fe pública del lugar y fecha del otorgamiento de tales instrumentos y de que quien lo otorga, es quien dice ser.
Para ello, del modo como lo ordena la ley, se le obliga a individualizarlo, con la debida certificación de su identidad, a través de su cédula de identidad, o, en caso de ser extranjero o chileno radicado en el extranjero, con el correspondiente pasaporte o documento que autorizó su ingreso al país.
Esta función de constatar la identidad de una persona es reforzada por la ley, sin embargo, no establece como obligación perentoria la exigencia de hacer estampar la impresión digital. Así en la mayoría de los casos, si bien es costumbre en las notarías que se estampen las huellas de los otorgantes de los instrumentos que se autorizan, sólo será obligación de estampar impresión dígito pulgar si el notario o alguno de los otorgantes lo exige.
Aquella permisividad de la norma además, no detalla la exigencia de cómo debe ser el estampe de la impresión dígito pulgar, en razón de que en muchos casos que llegan a la justicia, las huellas estampadas en los instrumentos, no reúnen los requisitos mínimos para que puedan ser periciadas con éxito, impidiendo la real identidad de quien comparece ante el notario y estampa su huella, cuando se investiga un delito de falsificación instrumental.
Por lo tanto, un primer objetivo del presente proyecto, es elevar las exigencias de control preventivo en lo relacionado con la constatación de la verdadera identidad de quien se presenta ante un notario a otorgar un instrumento.
En efecto, no son pocos los casos que se han ventilado en Tribunales, que dan cuenta de personas inescrupulosas que han defraudado o engañado a personas de diversa edad o preparación, a través de una intervención directa de los afectados por el vicio, en los actos o contratos anulables o a través de mandatos o poderes de administración, obtenidos de manera solapada, que han sido empleados para fines de enriquecimiento propio del defraudador, con el consecuente y grave perjuicio patrimonial de quienes figuran celebrando actos o contratos que nunca tuvieron intensión de otorgar.
Para evitar la proliferación de estos casos, y con el objeto de contribuir hacia un mayor y mejor control del delito y su real prevención, ante este tipo de ilícitos que afecta a personas con nulas capacidades de discernimiento o en estados donde sus facultades cognitivas están muy disminuidas, incluso, por familiares que se aprovechan de un adulto mayor o de un enfermo que presenta estas características, es que la necesidad de anticipación legislativa ante estos supuestos se hace imprescindible.
En razón de ello, se estima adecuado elevar el control notarial referido a la constatación de la real capacidad de juicio de las personas que aparecen como otorgantes de instrumentos públicos o privados, ya que la actual legislación, sin perjuicio que en la práctica los notarios observan este elemento del acto jurídico para concurrir a su autorización, no obliga por ley a verificarlo con mayor grado de agudeza.

(Fuente: Diputados)

Acceda Proyecto de Ley boletín 8351

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