Corte Suprema acoge recurso de municipalidad de Zapallar en contra de la Contraloría General

La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por la Municipalidad de Zapallar en contra de dictamen de la Contraloría General de la República que la obligaba a reintegrar dineros ingresados por el cobro de patente municipal a una sociedad de inversión.

En fallo unánime (causa rol 2791-2012), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal del país -Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda, María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Arnaldo Gorziglia- confirmaron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (causa rol 209-2012) que había acogido la acción cautelar y anulado un dictamen que obligaba a restituir dineros ingresados a las arcas municipales por este concepto.

La resolución ratifica la reiterada jurisprudencia del  máximo tribunal que determina que las sociedades de inversión deben pagar este tipo de tributos por desarrollar actividades lucrativas afectas a la Ley de Rentas Municipales.

“Que en cuanto al fondo de lo debatido, esta Corte Suprema ha venido sosteniendo en forma uniforme y reiterada  en decenas de fallos sobre la misma materia, que para determinar si una sociedad es sujeto pasivo del pago de patente municipal es indispensable precisar si la actividad que ésta realiza está comprendida dentro del hecho gravado definido en la ley en atención al objeto social de la sociedad que se trate. En el presente caso, el objeto social especificado en los estatutos de Compañía de Inversiones Los Nogales S.A. comprende la inversión y explotación de bienes inmuebles agrícola y no agrícolas, pudiendo lotearlos, dividirlos, administrarlos, etc; adquirir bienes raíces urbanos y rurales a fin de explotarlos mediante el arrendamiento o en otra forma; adquirir toda clase de bienes muebles, derechos, acciones y valores mobiliarios con fines de inversión y renta; y efectuar operaciones de importaciones y exportaciones. Por lo tanto, es claro que por tratarse de actividades lucrativas, configuran hechos gravados de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales. (…) Por otra parte, este tribunal ha sostenido que no es acertado estimar que si no hay ejercicio efectivo de tales actividades no se debe pagar patente municipal, desde que este gravamen es semestral y habilita para desarrollar  las actividades a que se refiere el artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063, sin que se requiera el ejercicio efectivo. De acogerse la tesis contraria resultaría que procedería pagar una patente proporcional a la época en que se realizó alguna actividad, lo que por cierto es insostenible. Todo  lo anterior ha sido dicho en numerosos fallos de manera uniforme, constituyendo de esta manera la jurisprudencia del máximo tribunal de la República sobre el tema”, dice el fallo.

Bajo este mismo prisma, la Corte Suprema determina que la Contraloría General de la República debe respetar la reiterada jurisprudencia en casos similares.

“Que, en todo caso, la Contraloría General de la República en su actuación debe respetar la Constitución y la ley y se encuentra sometida al principio de legalidad, correspondiendo a los tribunales de justicia verificar y ejercer el control jurisdiccional de sus actos a través de las acciones contencioso  administrativas que se interpongan. Siendo la materia a que se refiere el presente recurso de protección un tema de derecho tributario, esto es de derecho administrativo especial, en el análisis de la legalidad debe considerarse  tanto las normas de derecho positivo como aquellos aspectos que constituyen la base del derecho administrativo, como es el caso de la jurisprudencia. Al respecto debe dejarse establecido una vez más que la Contraloría debe inclinarse frente a la jurisprudencia de los tribunales, lo que es fundamental para el orden institucional y particularmente válido cuando ésta es uniforme y permanente en el tiempo, por cuanto la jurisprudencia, con mucho mayor énfasis que en otras ramas del derecho, es fuente del derecho administrativo , por lo que si ella establece –interpretando la ley- que las sociedades de inversión deben pagar patente municipal, este criterio jurisprudencial constituye fuente del derecho y como tal integra el denominado bloque de la legalidad, siendo obligatoria para el ente contralor; naturaleza de la que carecen los dictámenes de la Contraloría, que son únicamente constitutivos ‘de la jurisprudencia administrativa’ como señala el artículo 6 inciso final de su Ley Orgánica”, afirma la resolución.

(Fuente: Poder Judicial)

Texto completo sentencia Corte Suprema Rol2791-2012

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