TC rechazó requerimientos de inaplicabilidad que impugnaban norma de la Ley del Tránsito referida a la suspensión de la licencia de conducir por acumulación de infracciones

El TC rechazó dos requerimientos promovidos por un Juez de Policía Local de María Pinto, quien solicitó un pronunciamiento sobre los eventuales efectos contrarios a la Constitución que pudieran derivarse de la aplicación de los artículos 207, letra b), de la Ley Nº 18.290, del Tránsito; y de los artículos 39 y 40 de la Ley Nº 18.287, que establece los procedimientos ante los Juzgados de Policía Local.

En su oficio, el Juez requirente expresó que el Servicio de Registro Civil e Identificación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 216 de la Ley del Tránsito, denunció al Juzgado de Policía Local que corresponde al domicilio registrado en la licencia de conducir, que se produjo la acumulación de infracciones gravísimas o graves en el Registro Nacional de Conductores de las personas sometidas a su juzgamiento.

El artículo 207 de la Ley del Tránsito, en lo pertinente, dispone que el juez que conoce el proceso por acumulación de infracciones, además de aplicar las multas que sean procedentes, decretará la suspensión de la licencia de conducir del infractor.

De esta manera -plantea el Juez requirente-, la aplicación de esta nueva suspensión de licencia –la primera había sido decretada en la infracción original- podría ser contraria a la Carta Fundamental al conculcar el principio “non bis in idem”, en virtud del cual nadie puede ser juzgado y sancionado dos veces por el mismo hecho y, como consecuencia de ello, se afectaría el derecho de los infractores a un proceso racional y justo.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional estableció, en esencia, que, traídos los autos en relación y terminada la vista de la causa, se procedió a votar el acuerdo respectivo, produciéndose empate de votos respecto de la solicitud de inaplicabilidad del artículo 207, letra b), de la Ley de Tránsito y del artículo 40 de la Ley N° 18.287, con lo cual, atendido el quórum calificado exigido por la Carta Fundamental para acoger esta clase de requerimientos y asimismo que, por mandato de la letra g) del artículo 8° de la LOCTC, el voto del Presidente no dirime un empate en estos casos, se tuvieron por desechados los requerimientos por no haberse alcanzado el quórum constitucional necesario para ser acogidos respecto de dicha preceptiva. Por otra parte, en ambos votos se rechazó la solicitud de inaplicabilidad del artículo 39 de la Ley N° 18.287.

Así, existió en el caso del artículo 207, letra b), de la Ley de Tránsito y del artículo 40 de la Ley N° 18.287 un rechazo por empate de votos, y en el segundo –artículo 39, de la ley 18.287– un rechazo por unanimidad.

Según lo anterior, las consideraciones por acoger los requerimientos –expuestas por los Ministros Venegas, Vodanovic, Navarro y Aróstica– comienzan señalando que, si bien los requerimientos se fundan explícitamente en la transgresión del artículo 19 N° 3 de la Constitución –vulneración de las reglas que garantizan un racional y justo procedimiento, en su expresión del principio del non bis in idem-, estos sentenciadores, sin perjuicio de acogerlo por el motivo indicado, estiman que concurren además otros fundamentos para tal declaración.

Así, y en cuanto al artículo 207, letra b), de la ley 18.290, sostienen que es una base esencial de todo ordenamiento penal democrático el principio de que por un mismo hecho delictivo el responsable no puede sufrir más de una pena o ser objeto de más de una persecución criminal, conocido como el “non bis in idem”. Esta interdicción del juzgamiento y la sanción múltiple se sustenta, respectivamente, en la aplicación de principios relativos al debido proceso y la proporcionalidad.

Según ello, prosiguen estos Ministros, la contrariedad a los principios constitucionales referidos aparece clara y nítida, no pudiendo ser interferida en su comprensión por consideraciones ajenas a su esencia, pues en todos los procesos vinculados se tutela el mismo bien jurídico; no existe un hecho delictivo nuevo (el que motiva el tercer proceso no lo es, como que su fundamento es una infracción ya juzgada) y el instituto de la acumulación de penas está reservado, por su naturaleza, a situaciones del todo ajenas a las que se ventilan en este caso.

(Fuente: Diario Constitucional)

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