Corte Suprema determina que nuevos administradores de un establecimiento educacional deben cumplir con sentencia de antiguos sostenedores

La Corte Suprema determinó que la nueva sociedad sostenedora de un establecimiento educacional debe dar cumplimiento a la sentencia que ordenó a los antiguos directivos a pagar una indemnización por responsabilidad extracontractual por falta de servicio del establecimiento educacional.

En fallo unánime (rol 12456-2011) los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal  Nibaldo Segura, Juan Araya, Guillermo Silva y los abogados integrantes Víctor Vial y Raúl Lecaros rechazaron el recurso de casación presentado por la Sociedad Educacional Educar, sostenedora del George Chaytor English College de Temuco, en contra de la sentencia que le ordenó pagar una indemnización de los antiguos sostenedores del colegio.

La resolución determina que la Sociedad Educacional Educar  es la continuadora de los antiguos sostenedores y no una nueva administración, por lo que le corresponde asumir el pago de la obligación de indemnizar a los padres de un menor

“Que si bien la recurrente menciona como uno de los documentos acompañados por su parte la ‘solicitud de cierre del establecimiento educacional Colegio Inglés George Chaytor por cese de actividades el 30 de diciembre de 2007’, es un hecho indiscutido que el mismo colegio continuó funcionando ininterrumpidamente con posterioridad a esa fecha aunque con la denominación ‘George Chaytor English College’, que no constituye sino la traducción del antiguo nombre en español al inglés, teniendo como sostenedor a la Sociedad Nacional Educar S. A., constituida, precisamente, con el propósito de prestar una administración que fuese más eficiente que la ejercida en el pasado por los propios apoderados de los alumnos. Y el principio del cumplimiento de los contratos de buena fe que constituye uno de los más importantes de nuestra legislación civil, induce a integrar en el Convenio que suscriben la Universidad Autónoma de Chile y el Centro de Padres y Apoderados del Colegio, y que constituye el inequívoco antecedente que da origen a la Sociedad Nacional Educar S.A., el lógico y natural entendimiento, aunque lo fuese como una cláusula no expresada en dicha convención, que las obligaciones contraídas por el colegio bajo la administración del Centro de Apoderados serían reconocidas y respetadas por los nuevos sostenedores, pues ello es lo que se encuadra con las circunstancias en que se celebra el Convenio y con la inteligencia que del mismo tuviese la Universidad Autónoma de Chile para el evento de proponer una entidad sostenedora, revelando la sola lectura de las cláusulas del Convenio que se preveía una situación difícil y preocupante, tanto que se trataba de salvar el colegio o “salvaguardar el proyecto educativo” de lo que parecía temerse un peligro inminente. Esta conclusión se corrobora y reafirma en el hecho de que la obligación cuyo cumplimiento se pretende en autos es particularmente relevante, toda vez que incide en la responsabilidad contractual del colegio por el daño sufrido por uno de sus alumnos mientras se encontraba dentro del establecimiento, hecho que sin duda se encontraba en conocimiento de los suscriptores de la convención. Aún más, e inclusive si se considerare que el actual colegio constituye una persona jurídica que no guarda relación alguna con la antigua ni es su continuadora legal, sin que deba responder por las obligaciones imputables a la antigua persona jurídica, no puede desconocerse que a través de sus propios actos, la sociedad sostenedora del colegio ha procurado, en forma manifiesta y pública, a crear una apariencia de que el colegio es el mismo y que lo único que ha cambiado es su administración, lo que justificadamente puede inducir a pensar que las obligaciones válidamente contraídas por el colegio mientras fue administrado por el Centro de Apoderados serán honradas y cumplidas por la nueva administración, más si guardan relación con un aspecto tan esencial y relevante como son los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa. Este comportamiento del colegio bajo su actual administración confirma que ésta entiende y ha entendido que obligaciones de esa envergadura, reconocidas en tal calidad por la Ley General de Educación, serán cumplidas a cabalidad; lo contrario sería suponer que va contra sus propios actos, en lo que éstos lo pudiesen perjudicar, aspecto que el derecho reprueba por atentar contra el principio de la buena fe”, dice la resolución de la Corte Suprema.

(Fuente: Poder Judicial)

Texto completo sentencia Corte Suprema Rol12456-2011

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