Corte de Apelaciones de Santiago rechaza recursos de reclamación por Ley de Transparencia

La  Corte de Apelaciones de Santiago rechazó dos reclamos de ilegalidad en contra de las decisiones del Consejo para la Transparencia (CPLT) que entregó acceso a la información a ciudadanos que solicitaron datos a la Dirección del Servicio Civil y al Servicio de Impuestos Internos, respectivamente.

En el primer caso (causa rol 7514-2010), la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros del Lamberto Cisternas, Javier Moya y el abogado integrante Ángel Cruchaga- ratificó la determinación que ordenó entregar datos a Heydi Leiva Henríquez.

La mujer solicitó a la Dirección de Servicio Civil los puntajes que obtuvo en un concurso, llamado por la Alta Dirección Pública, así como los puntajes de los demás postulantes.

 La entidad requerida argumentó que la información tenía el carácter de reservado; sin embargo, el tribunal de alzada respaldó el actuar del CPLT que priorizó la publicidad del proceso sobre la  reserva establecida en este tipo de concursos.

“Que, se ha concluido por la jurisprudencia nacional, roles N°s 2275 y 2355, ambos del año 2010, que la publicidad de los actos de la administración constituye un principio de rango constitucional, cuyas excepciones deben ser interpretadas en carácter de restrictivas. Así, las causales legales no han sido, ya sea probadas por el reclamante o que ellas fluyan de los antecedentes, todo lo cual hubiese permitido, razonablemente, denegar la información por afectar, amagar o lesionar algunos de los bienes o intereses jurídicos que justifiquen el secreto o la reserva”, dice el fallo.

La resolución agrega: “Lo que debe primar, entonces, es el principio genérico de la transparencia que, en el caso actual, por el hecho de la información requerida, no se aprecia una afectación a los derechos eventualmente vulnerados que se esgrimen. De allí que también esta Corte ha establecido que las causales de reserva deben ponderar adecuadamente los valores en contraposición, siendo la interpretación con carácter restrictiva, todo en un contexto donde no se fundamenta un daño específico a un valor o un derecho jurídicamente protegido. El test de daño, entonces, no ha sido superado y parece evidente que en el caso que nos ocupa, el conocimiento de la información que el Consejo ha ordenado no afecta derecho alguno por el hecho de acceder a la entrega de puntajes de la propia solicitante y de los demás participantes de los concursos, pero, en este último caso, omitiendo el nombre de cada uno de ellos. Todavía, la decisión adoptada por el Consejo no hace más que consagrar los principios de relevancia y de máxima divulgación que disponen las letras a) y d) del artículo 11 de la ley de Transparencia pues se ha considerado de importancia la información requerida”.

(Fuente: Poder Judicial)

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