Corte Suprema acoge recurso de protección de ocupantes del balneario de Puerto Viejo

La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por comunidad del balneario de Puerto Viejo, ubicado en la Región de Atacama, en contra de decreto alcaldicio que ordena al propietario de predio demoler las viviendas, amenazando con usar fuerza pública para el desalojo de los terrenos ocupados.

En fallo dividido (causa rol 2996-2012), los ministros de la Tercera Sala -Héctor Carreño, Juan Escobar (suplente), Carlos Cerda (suplente) y los abogados integrantes Alfredo Prieto y Ricardo Peralta- determinaron que un aviso publicado en un diario local en el que se alude al uso de la fuerza pública para desalojar los terrenos “carece de efecto jurídico”.

La resolución determina que sólo una autoridad competente puede determinar el uso de la fuerza pública para acceder a un desalojo de terrenos, lo que no ocurrió en este caso, ya que el decreto municipal que dispone la desocupación no contiene mención a ese punto y sólo ordena al propietario de los terrenos proceder al desplazamiento de los ocupantes.

“Que la Ley General de Urbanismo y Construcciones contempla el cumplimiento de un procedimiento administrativo y, en su caso, jurisdiccional para llevar a efecto la ejecución de un decreto como el agregado a fojas 2, lo que claramente ha obviado la recurrida en el presente caso al apercibir a la comunidad recurrente en los términos expuestos en el mencionado aviso. Por otra parte, no es posible aceptar la justificación del recurrido, toda vez que el anuncio de proceder con auxilio o empleo de la fuerza pública una vez vencido el plazo establecido por el decreto de demolición ha podido generar en los afectados el temor de verse expuestos en forma inmediata a los efectos gravosos que naturalmente puede originar dicha acción. En esos términos, cabe concluir que la actuación de la recurrida es ilegal y arbitraria”, dice el fallo.

La resolución agrega: “La actuación reprochada, atendido que la disposición del auxilio de fuerza pública para lograr el cumplimiento de un decreto de demolición es un acto que debe emanar de la autoridad establecida por la ley, infringe la garantía contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, que prescribe que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley”.

(Fuente: Poder Judicial)

Texto completo sentencia Corte Suprema Rol2996-2012

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