Tras casi un año de tramitación, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Sala con los votos del oficialismo el proyecto del Ejecutivo que buscar fortalecer el resguardo del orden público.
La iniciativa, desde su presentación el 4 de octubre de 2011, fue presentando variados cambios, siendo uno de los más importantes la exclusión de una norma que buscaba penalizar los actos de violencia cometidos ocultando la identidad y que se efectuaran durante manifestaciones sociales.
Cabe señalar que dicho tema no fue totalmente dejado de lado, sino que se abordó en un proyecto distinto con una nueva perspectiva, esto es, fijar el acto no como un delito, sino como una agravante.
La única excepción estuvo dada en una indicación, la cual fue aprobada por doce votos a favor y que tuvo por objeto suprimir el artículo 2º del proyecto y dejar sin efecto una propuesta del Ejecutivo que proponía acortar la norma para hacerla más acorde a las críticas de los parlamentarios. En concreto, la norma suprimida decía relación con un tema que ocasionó especial oposición en los medios de comunicación, dado que se abría la posibilidad de que los funcionarios policiales pudieran requisar material de audio, audiovisual o imágenes fotográficas, si se estimaba que estos constituían material de prueba respecto de delitos considerados en esta ley.
Respecto de las críticas vertidas en contra del proyecto, señaló que ello se debe a un desconocimiento de los alcances específicos de la propuesta, dado que resguarda el legítimo derecho de manifestarse.
Explicó que, en cada una de las consideraciones, se establecieron los requisitos que se deben probar. “En el caso concreto de las tomas, se sanciona la toma si es realizada con violencia y sin autorización del dependiente del lugar; en caso de barricadas, se sanciona si es acompañada con violencia o fuerza en las personas. Creo que uno de los problemas del mensaje era que establecía una misma pena y requisitos para todas las consideraciones, nosotros consideramos que es distinto”, sentenció.
El diputado Gabriel Silber (DC) dijo que votaron negativamente como oposición y que esperan en la Sala revertir el resultado logrando que se rechace la iniciativa legal. Indicó que el proyecto considera, efectivamente, una forma de control de los actos de violencia, que no pueden sino rechazarse, pero que también incluye la protesta pacífica y la movilización de los estudiantes. “Es por eso que esperamos que el Congreso sea garantía que proyectos como este no lleguen nunca a ver la luz”, insistió.
(Fuente: Cámara de Diputados)
