Columna: “La Justicia Preventiva”

Por Alfredo Martin Illanes (*)

En estos tiempos, hay dos aspectos centrales que están marcando los cambios: Uno, es que predomina una racionalidad de tipo económico, en la que es frecuente medir la eficiencia de la acción política y de las instituciones, casi exclusivamente por lo que son capaces de aportar al PIB o por los lugares que se pueda ocupar en un determinado ranking de carácter economico-competitivo y otras consideraciones que nos entregan la convicción que los principios del derecho y  los bienes y valores protegidos por éste parecen perder terreno, resultando ahora más importante que el derecho propiamente tal, el análisis económico que se pueda hacer de él, análisis económico que incluye el uso de conceptos de este tipo para explicar el efecto de las leyes; determinar qué reglas legales son económicamente eficientes y predecir qué leyes deberían ser impulsadas y de que manera la instituciones reformadas.

El segundo aspecto, son  las consideraciones de tipo tecnológico. No cabe duda que el siglo XXI está llamado a ser el siglo de la revolución electrónica y entonces, el avance tecnológico, los criterios y modalidades que se están imponiendo en la gestación y desarrollo de los negocios, los imperativos propios de la globalización, están siendo determinantes en nuestro actuar y nos han obligado a resolver acerca de que manera debíamos y debemos enfrentarlos para no terminar, en definitiva, siendo arrollados por un avance al cual no nos pudimos o no supimos adaptarnos oportunamente. Lo cierto es que esta combinación entre  Economía, Tecnología y Derecho, conllevará importantes cambios en nuestro quehacer profesional.

Los análisis económicos resultan hoy insoslayables en cualquier actividad de la vida, y como notarios y conservadores  no queremos permanecer ajeno a esa situación y me permito explicar, breve y resumidamente, la gran trascendencia económica y social que está asociada a la actividad notarial y registral.

En el campo de la justicia preventiva, esto es especialmente significativo, por los ahorros colectivos e individuales asociados. En efecto,  nuestro sistema realiza más de 18.000.000 de atenciones anuales y menos del 0,001% de ellas ha sido objeto de una reclamación judicial.

Si esta justicia preventiva no cumpliera su rol, esto es, que  no generara la certeza y seguridad jurídica , sería necesario crear un nuevo poder judicial, lo que para el Estado importaría un gasto cercano a los US$ 600.000.000, anuales.

Para las personas, también el ahorro es significativo, ya que si se desconocieran las firmas estampadas en un documento, o las estipulaciones contenidas en un contrato o no estar ellas ajustadas a derecho, importaría el pago de elevadas sumas de dinero para soportar los litigios en los derivarían el exigir el reconocimiento de tales circunstancias. Esto es, una persona paga por un contrato de arriendo un promedio entre 3 y 5 mil pesos por ejemplar, versus los $400.000 o $500.000 pesos que debería desembolsar en caso de tener que acreditar por la vía judicial, lo que, ahora está garantizado por el ministro de fe. Esto explica, también, el porqué un porcentaje importante de las actuaciones notariales son de carácter voluntario y no obligatorio.

En el ámbito registral, la gente paga por una sola vez, un máximo del 3 por mil del valor del negocio y nunca más se preocupa de su inscripción. No debe pagar seguros ni contratar un servicio que día a día esté revisando si su inscripción permanece o no vigente. Hablamos que se paga por una sola vez y para todo el período que esa inscripción permanecerá inalterada. El conservador se encarga de su protección.

A esta invalorada actuación que nos corresponde en el ámbito de la justicia preventiva, se suma el escaso reconocimiento que se otorga al hecho que el dinámico mercado inmobiliario se mueve y desarrolla, en gran medida, en base a la seguridad que brinda nuestro sistema registral.

No es menor considerar que en Argentina 8 de cada 100 propiedades se adquieran con crédito hipotecario. En Chile, 80 de cada 100, lo que significa que las personas puedan adquirir un bien tan preciado como su casa, con un crédito que, para la comunidad, es más barato y beneficioso que cualquier otro. Esto ocurre, precisamente, por la enorme confianza que las instituciones bancarias y financieras tienen en nuestro sistema registral y notarial.

Por otra parte, también nos corresponde realizar una importante función en la tarea de vigilar, retener o pagar impuestos, además de la responsabilidad solidaria de su pago.

Notarios y Conservadores retienen y pagan al Fisco, sin costo alguno para éste, una cifra aproximada de US$ 150.000.000, anualmente, a lo que se debe agregar la vigilancia del pago de los impuestos provenientes de los créditos hipotecarios, que ascienden, considerando un valor promedio de UF 2.000 por cada vivienda, a más de US$ 200.000.000, anuales, también sin costo alguno para el Fisco.

No puedo dejar de destacar la determinante actuación que desarrollamos Notarios y Conservadores en las elecciones populares, proceso social y democrático que descansa fundamentalmente en la directa participación que nos corresponde, sea conformando las Juntas Electorales o como Delegados en los locales de votación.  Este proceso, nunca cuestionado, que ha sido un ejemplo de eficiencia, de absoluta transparencia y de buena imagen país para el resto del mundo, descansa fundamentalmente en nosotros.

Este trabajo, prácticamente gratuito para el Estado y para la comunidad, es de costo de Notarios y Conservadores, quienes debemos pagar suplentes, personal de apoyo, insumos e infraestructura. Por este concepto, hemos estimado que pagamos, en total, una cifra aproximada a los $ 320.000.0000, en cada acto electoral. A lo anterior, hay que sumar el otro ahorro que el Estado obtiene al no tener que contratar personal especializado para desarrollar las tareas electorales. Para ello y sólo estimando el valor hora-hombre de un abogado del Servicio Electoral (SERVERL), el ahorro para el Estado, representa una cifra aproximada de $ 600.000.000, en cada acto electoral.

En el ámbito estrictamente social, notarios y conservadores realizamos numerosas actuaciones enteramente gratuitas, entre la que debemos destacar la constante orientación jurídica que reciben las personas de más escasos recursos y, especialmente, en aquellos lugares que se encuentran más apartados de las grandes ciudades o de los centros urbanos.

Referente al aspecto tecnológico, debo señalar que en el último tiempo nuestro gran desafío ha sido incorporar importantes avances de este tipo, pero sin abandonar, un segundo, nuestra labor principal, como lo es la de otorgar fe pública y generar la debida seguridad y certeza jurídica a cada una de nuestras actuaciones.

No ha sido fácil la tarea, se ha trabajado bastante, enfrentando numerosas dificultades, que no siempre han provenido del exterior, pero estamos logrando significativos avances, como por ejemplo, que el 100% de notarios y conservadores ya dispongan de firma electrónica avanzada; que una gran mayoría mantenga  página WEB, que ilustran y orientan a los usuarios acerca de las diferentes actuaciones y permiten realizar consultas y gestiones on line; que cerca del 60% de los extractos se puedan inscribir en el Registro de Comercio, en tan sólo horas y de manera electrónica; que se otorguen copias y certificados on line, a lo que se comienza a sumar una tremenda innovación tecnológica, que es aquella que permitirá inscribir electrónicamente los títulos de propiedad, sistema que ya está operando, sin problemas, en algunas ciudades del país, con una significativa reducción en los plazos.

Nuestra Asociación ha estado especial y permanentemente preocupada de impulsar estas modernizaciones y es así como hoy, además de lo dicho, contamos con un repositorio electrónico propio. Gran y significativo avance que nos permitirá mantener en nuestros archivos los documentos electrónicos que sean emitidos y entregar a la comunidad nuevas aplicaciones, como por ejemplo, una central de poderes y una mayor integración de la información, todo lo que nos permitirá continuar a la vanguardia de los sistemas notariales y registrales de nuestro entorno.

Por este motivo, quiero hacer un especial reconocimiento a todos los señores notarios y conservadores que se han sumado a este desafío, por el gran esfuerzo que han realizado y también a todos los trabajadores de nuestros oficios, que se han esmerado en la capacitación y en el uso de estas nuevas herramientas.

Con todo lo anterior estamos demostrando que somos capaces de generar nuevas implementaciones tecnológicas, con nuestros propios recursos, y con la genialidad de las empresas que nos asesoran en esta materia, a quienes también expresamos nuestros  agradecimientos.

Pero, sin perjuicio de estar enfrentando con singular éxito este desafío tecnológico y mostrar las cifras ya antes señaladas, hemos tenido que enfrentar proyectos de ley, como el que hoy se encuentra en el parlamento, y que tienen por objeto modificar substancialmente nuestro sistema notarial y registral, alterando principios que son fundamentales e imperativos para mantener un poder fedante veraz, imparcial y confiable para todos.

Como profesionales del derecho y Ministros de Fe, no ejercemos ningún cargo político o de la administración pública, ni de representación de la soberanía o capaz de imponer decisiones a la comunidad. También, nos separa un abismo de las actividades productivas o de servicios, como las sanitarias, las carreteras o las plantas de revisión técnica. Desempeñamos funciones eminentemente profesionales y especializadas. Por ello, el cambio de dependencia desde el poder judicial al ejecutivo; la temporalidad de los cargos o una posible licitación de ellos, atentan frontalmente en contra de la independencia, idoneidad, imparcialidad y de la seguridad y certeza jurídica, valores fundamentales que resulta imperativo proteger.

Algunos de los que han impulsado estas transformaciones son decididos partidarios de imponer el sistema sajón, por sobre el sistema latino al que nos encontramos adscritos, y propugnan replicar a ciegas este modelo sajón en nuestro país, olvidando quizás que aquí no vivimos sajones, vivimos chilenos y de idiosincrasia  latina.

Es sabido que el sistema del common law, o sajón, descansa sobre la judicialización de las controversias; garantizando con costosos seguros los actos y contratos. Ello no sólo incrementaría la carga ya excesiva de nuestros Tribunales de Justicia, los costos para el Estado y el de las personas, sino que deja, prácticamente, sin orientación ni asistencia legal al muy mayoritario segmento de la población que carece de medios para contar con asesoría profesional apropiada, y que tampoco califica para ser atendida por la asistencia judicial gratuita.

No es por azar que el sistema notarial latino prevalece con fuerza en países con los más altos niveles de desarrollo y de muy distintas tradiciones culturales, como Alemania, Francia, España, Japón, Rusia, Corea, entre muchos otros.

Más de la mitad de la humanidad vive bajo el régimen notarial latino, que ha sido, además, adoptado por China y otros países asiáticos. Delegaciones del gobierno de China visitaron en varias oportunidades nuestro país para replicar el sistema en su país, una de las más prosperas economías del mundo. Entonces, resulta paradojal que los mismos apologistas de los logros de las economías china y coreana sean los ideólogos de las más acerbas críticas contra nuestro sistema notarial y registral.

En todo caso, abrigo una importante dosis de optimismo en que los principios que inspiran nuestro sistema notarial y registral se podrían mantener, ya que actualmente se ha reestablecido un valioso diálogo con el actual señor Ministro de Justicia, quien, en ya dos oportunidades, ha escuchado nuestros planteamientos y por ello, hago un especial reconocimiento.

No cabe duda que en el diálogo franco, en la confrontación legítima de los distintos planteamientos e ideas, con altura de miras, se podrán encontrar las mejores soluciones y determinaciones, que permitan mantener y, especialmente, mejorar un sistema que ha sido decisivo para la paz jurídica; para la estabilidad de los actos, contratos y negocios; orientador idóneo para la comunidad que más lo requiere y un pilar fundamental para el desarrollo económico y social del país.

Nuestro gremio trabaja, muchas veces  en silencio, pero activamente, en incorporar los mejores conocimientos, procedimientos y tecnologías que nos permitan cumplir con nuestro anhelo, que es el de entregar nuestros mayores y mejores esfuerzos en otorgar un servicio de calidad, oportuno, fiable y a la altura de lo que exige la comunidad.

(*) Don Alfredo Martin Illanes es Abogado, Universidad de Chile. Presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile. En su carrera profesional se desempeñó como procurador, abogado, y abogado jefe de la Fiscalía de Empresa Nacional de Minería (ENAMI) por más de 21 años. Ha desarrollado diversos cursos de perfeccionamiento en materias relacionadas con derecho laboral, minero, comercial y tributario. En 1997 asume el cargo de Notario Público de Buin, para luego pasar en Septiembre del año 2000 a hacerse cargo de la Notaría de San Miguel. Es nombrado Notario de Santiago (Providencia) en Agosto del 2004 cargo que ostenta a la fecha. Profesor de Derecho registral Inmobiliario de la Academia Chilena de Derecho registral de la Universidad Gabriela Mistral.

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