Proyecto busca reforzar el rol de la Corte Suprema como unificadora de jurisprudencia

El proyecto fue destinado a la Comisión de Constitución para su análisis. “Con este proyecto se busca corregir y perfeccionar el Código de Procedimiento Civil, que se deje a la par con el Código Procesal Penal y el Código del Trabajo, en materia de unificación de jurisprudencia. Lo anterior pasa por subsanar la antinomia que se aprecia actualmente entre los artículos 767 y 772 del Código de Procedimiento Civil”, precisaron los diputados responsables de la iniciativa.

Explicaron que, en la reforma de 1995, se dispuso como requisito del recurso de casación el señalamiento del o los errores de derecho que influyen en lo dispositivo del fallo. Sin embargo, acotaron, el artículo 767 sigue señalando como causal del recurso de casación “la infracción de Ley que influya en lo dispositivo del fallo”.

“Dicha diferencia está siendo un obstáculo para que la Corte Suprema pueda proceder en materia civil a unificar criterios de decisión, restringiendo el ámbito de competencia a un control de la juridicidad que supera el campo legal. No es una afirmación temeraria sostener que el Derecho no se agota en la ley y, por ende, no hay coincidencia entre el requisito previsto en el artículo 772 y la actual redacción del artículo 767, que deben ser equivalentes”, enfatizaron.

Plantearon que, desde el punto de vista de la profundización en la protección de los derechos, el cambio anterior ampliaría la potestad de la Corte Suprema, permitiendo que pueda entrar a controlar la aplicación de otras normas jurídicas, que actualmente no son examinadas en sede de casación, simplemente por no tener el rango de ley. “El caso más evidente se da con los Decretos Supremos, que no obstante regular derechos de diversa índole, su aplicación en la decisión de los litigios no logra ser controlado por la Corte Suprema”, recalcaron.

Sostuvieron que la ampliación que se busca, mediante la corrección de la antinomia indicada, “está lejos de ser un planteamiento académico, tal como se refleja actualmente con la discusión que ha surgido en relación al cobro de las patentes municipales de sociedades de inversión”. Indicaron que, sobre el particular, la Contraloría General de la República plantea un criterio distinto al de la Corte Suprema, generando una situación de incertidumbre “y, lo que es peor aún, la posibilidad cierta de respuestas contradictorias, según se siga el criterio de la Corte Suprema o el de la Contraloría, fomentando la proliferación de juicios que se evitarían fortaleciendo el rol de unificación de nuestra máxima autoridad judicial”.

Estimaron que la situación de incertidumbre debería ser resuelta mejorando el mecanismo previsto en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil. “El potenciamiento de la actividad de unificación de jurisprudencia civil por la Excma. Corte Suprema se hace necesario para que ella evite o corrija las distintas interpretaciones que sobre una misma materia de derecho objeto del recurso se siguen produciendo hasta el día de hoy, por el hecho de que la integración de las salas no sea la misma”, sentenciaron.

La norma propuesta, en lo principal, establece que “durante el estudio de admisibilidad previsto en el artículo 782, al dictar el decreto de autos en relación, la sala respectiva podrá decretar que el recurso sea conocido por el Pleno de la Corte Suprema para que se pronuncie sobre la unificación en los criterios de interpretación”. “La sentencia dictada por una sala o el Pleno de la Corte Suprema, unificando criterios de decisión jurisprudencial deberá ser publicada en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes a su pronunciamiento”, se precisa.

(Fuente: Cámara de Diputados)

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