Proyecto aclara estatus de las Sociedades de Inversión y las declara afectas al pago de patente municipal

Buscando subsanar una larga disputa de nivel interpretativo, un grupo transversal de diputados presentó un proyecto que interpreta la expresión “actividad lucrativa terciaria”, precisando que las sociedades de inversión deben entenderse comprendidas en ella y se encuentran, por tanto, gravadas con patente municipal.

Los legisladores informaron que los municipios del país (como titulares de las patentes y beneficiarios del Fondo Común Municipal), los Tribunales de Justicia y la Contraloría General de la República han estado envueltos en una disputa jurídica relacionada con la correspondencia del cobro de patente a las sociedades de inversión.

Relataron que, desde el año 2004, los tribunales fallaron sistemáticamente en el sentido que ciertas sociedades de inversión se encontraban exentas del pago de patentes. Se sostuvo que si la respectiva sociedad no obtiene lucro o ganancia colocando productos en el mercado y tampoco requiere de un local o establecimiento para funcionar, de manera que se constituye como un ente pasivo de inversiones, de fines meramente rentísticos, por lo que no es ni puede ser objeto de tributo.

Sin embargo, acotaron, la situación varió en 2009, tras la dictación de la ley 20.033, que vino a precisar el domicilio de las sociedades de inversión y corroboró que se encuentran gravadas con patente. La Corte Suprema, agregaron, determinó que todas las sociedades con fines de lucro que no realicen actividades primarias (extracción) o secundaria (manufactura), deberán considerarse como empresas de servicios y, por tanto, deberán pagar patente municipal.

Pese a lo anterior, indicaron los legisladores, la Contraloría emitió el dictamen N° 27.677, a solicitud de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Chile, en el sentido que el carácter pasivo de estas entidades debía permitir arribar a la conclusión contraria, en razón de la necesidad de interpretar las normas tributarias en forma estricta.

Explicaron que el citado dictamen y sus secuelas fueron impugnados por las municipalidades, argumentándose que creaba “un concepto de sociedad de inversión pasiva ya desechado por los Tribunales, cuestión que no compete a la Contraloría General de la República, por tratarse de la interpretación de una norma tributaria, sujeta exclusivamente a lo que emane del Servicio de Impuestos Internos”.

Si bien reconocen que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de las municipalidades (26 de junio de 2012), estimaron necesario zanjar definitivamente el tema, evitando cualquier duda sobre la cuestión, a través de la introducción de una norma expresa.

Como antecedente práctico, los diputados informaron que $30 mil millones de las arcas del Fondo Común Municipal (de aproximadamente $700 mil millones) provienen de la tributación de las denominadas sociedades de inversión pasivas.

(Fuente: Cámara de Diputados)

Consulte el Proyecto de Ley en Microjuris y el Fallo de Corte de Apelaciones del 26 de Junio de 2012 aludido.

Comments

  1. Antonio Oneto Sessarego says:

    Las materias que son objeto del presente artículo ha sido resuelta de manera definitiva por la Excma. Corte Suprema, en un fallo reciente y muy relevante. Este fallo, consolida la jurisprudencia reiterada del máximo Tribunal sobre la oblicación de pago de patente municipal por las sociedades de inversión pasiva.

    El fallo de que se trata fue dictado con fecha 3 de Julio del año 2.012 , en la causa caratulada “I. Municipalidad de Zapallar con Contraloría Regional de Valparaíso”, Rol: 2791-2012, en el cual se confirma la sentencia dictada por la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre la materia.

    Las principales doctrinas contenidas en dicho fallo son las siguientes:

    LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN PASIVA ESTÁN GRAVADAS CON PATENTE MUNICIPAL

    Al respecto dicho fallo dispone:

    “Cuarto: Que en cuanto al fondo de lo debatido, esta Corte Suprema ha venido sosteniendo en forma uniforme y reiterada en decenas de fallos sobre la misma materia, que para determinar si una sociedad es sujeto pasivo del pago de patente municipal es indispensable precisar si la actividad que ésta realiza está comprendida dentro del hecho gravado definido en la ley en atención al objeto social de la sociedad que se trate. En el presente caso, el objeto social especificado en los estatutos de Compañía de Inversiones Los Nogales S.A. comprende la inversión y explotación de bienes inmuebles agrícolas y no agrícolas, pudiendo lotearlos, dividirlos, administrarlos, etc.; adquirir bienes raíces urbanos y rurales a fin de explotarlos mediante el arrendamiento o en otra forma; adquirir toda clase de bienes muebles, derechos, acciones y valores mobiliarios con fines de inversión y renta; y efectuar operaciones de importaciones y exportaciones. Por lo tanto, es claro que por tratarse de actividades lucrativas, configuran hechos gravados de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales”.

    “En efecto, este último precepto, en lo pertinente, sujeta a una contribución de patente municipal “El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria”.

    Luego, atento a lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 484 que constituye el Reglamento para la aplicación de los artículos 23 y 24 del Decreto Ley N° 3.063, actividades terciarias son todas aquellas que consisten en el comercio y distribución de bienes y en la prestación de servicios de todo tipo y, en general, toda actividad lucrativa que no quede comprendida en las primarias y secundarias; concepto amplio y residual de la actividad terciaria que se corresponde con el sentido y espíritu que la ley le ha dado a esta regulación a través de una separación clásica de las actividades económicas, dentro de las cuales se comprenden las actividades lucrativas realizadas por las sociedades de inversión”.

    NO SE REQUIERE EL EJERCICIO EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD

    Al respecto dicho fallo dispone:

    “Por otra parte, este Tribunal ha sostenido que no es acertado estimar que si no hay ejercicio efectivo de tales actividades no se debe pagar patente municipal, desde que este gravamen es semestral y habilita para desarrollar las actividades a que se refiere el artículo 23 del Decreto Ley N° 3.063, sin que se requiera el ejercicio efectivo. De acogerse la tesis contraria resultaría que procedería pagar una patente proporcional a la época en que se realizó alguna actividad, lo que por cierto es insostenible”.

    “Todo lo anterior ha sido dicho en numerosos fallos de manera uniforme, constituyendo de esta manera la jurisprudencia del máximo tribunal de la República sobre el tema”.

    NO INGERENCIA DE LA CONTRALORÍA

    Al respecto dicho fallo dispone:

    “Quinto: Que la Contraloría General de la República sostiene, por su parte, un parecer distinto al de la Corte Suprema sobre la misma materia manifestado a través de sus dictámenes, que en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 10.336 sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República son obligatorios para los órganos de la Administración del Estado, entre los que se encuentran las Municipalidades.

    “Séptimo: Que, en todo caso, la Contraloría General de la República en su actuación debe respetar la Constitución y la ley y se encuentra sometida al principio de legalidad, correspondiendo a los tribunales de justicia verificar y ejercer el control jurisdiccional de sus actos a través de las acciones contencioso administrativas que se interpongan.

    “Siendo la materia a que se refiere el presente recurso de protección un tema de derecho tributario, esto es de derecho administrativo especial, en el análisis de la legalidad deben considerarse tanto las normas de derecho positivo como aquellos aspectos que constituyen la base del derecho administrativo, como es el caso de la jurisprudencia.

    Al respecto, debe dejarse establecido una vez más que la Contraloría debe inclinarse frente a la jurisprudencia de los tribunales, lo que es fundamental para el orden institucional y particularmente válido cuando ésta es uniforme y permanente en el tiempo, por cuanto la jurisprudencia, con mucho mayor énfasis que en otras ramas del derecho, es fuente del derecho administrativo, por lo que si ella establece -interpretando la ley- que las sociedades de inversión deben pagar patente municipal, este criterio jurisprudencial constituye fuente del derecho y como tal integra el denominado bloque de la legalidad, siendo obligatoria para el ente contralor; naturaleza de la que carecen los dictámenes de la Contraloría, que son únicamente constitutivos “de la jurisprudencia administrativa” como señala el artículo 6 inciso final de su Ley Orgánica.

    Antonio Oneto Sessarego
    Abogado

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