Moción fortalece la situación procesal de la víctima que actúa como querellante

Buscando agilizar y hacer más efectivos los procesos de persecución penal, un grupo de diputados de diversas colectividades políticas presentaron un proyecto que modifica el artículo 83 del Código Procesal Penal, para fortalecer la situación procesal de la víctima que actúa como querellante.

Los parlamentarios recordaron que, en el sistema penal chileno, se concedió a las víctimas la posibilidad de deducir querella y, en consecuencia, tomar parte activa en la marcha de la investigación, la que naturalmente debía entenderse como un complemento de la labor del fiscal. “Por tal razón se puede explicar que el artículo 183 del Código Procesal Penal concede a los intervinientes la facultad de solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. La indicada norma habilita al fiscal para decretar que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes. También contiene este artículo la posibilidad de reclamar ante las autoridades del Ministerio Público, el rechazo del fiscal a las diligencias solicitadas, con el objeto de obtener un pronunciamiento definitivo al respecto”, precisaron.

Plantearon que hay dos temas que requieren solución: plantear una fórmula que permita resolver qué ocurre con aquellas diligencias sobre las cuales el fiscal no se pronuncia o bien dilata el pronunciamiento que habilita la reclamación ante la autoridad regional del Ministerio Público, al punto de volver inútil la diligencia, por un elemental criterio de oportunidad; y definir quién resuelve el reclamo en caso de negativa por parte del fiscal a decretar la diligencia.

Sostuvieron que es indispensable plantear la necesidad de contar con plazos acotados, amparados en la norma legal, para que el fiscal emita pronunciamiento, toda vez que, por diversas razones, ocurre que la falta de pronunciamiento acarrea indefensión al solicitante, sea cual fuere la posición que este ocupe en el proceso penal.

Además, estimaron que, entendiendo que es el fiscal quien dirige la investigación y que, para tales efectos requiere ciertos grados de independencia, incluso de discrecionalidad, es indispensable un límite que permita el ejercicio adecuado de los derechos que la ley franquea para el resto de los intervinientes.

“Aparece como más ajustada a la función de velar por el respeto de las garantías de los intervinientes que sea el Juez de Garantía quien deba pronunciarse sobre la procedencia de la diligencia planteada, toda vez que de la concreción de la misma pueden aportarse datos de investigación relevantes para la defensa, querellantes o víctimas”, especificaron.

En este contexto, la propuesta de los legisladores avanza en agregar al artículo 183 del Código Procesal Penal la siguiente expresión: “El fiscal deberá pronunciarse sobre esta solicitud dentro del plazo de diez días. En caso de omitirse pronunciamiento en el plazo indicado, el solicitante podrá recurrir ante el Juez de Garantía, quien podrá ordenar al fiscal la práctica de la diligencia solicitada o bien apercibir al fiscal para resolver la solicitud”.

Además, la moción establece que ante la decisión del fiscal de negarse a decretar las diligencias solicitadas por los intervinientes, se podrá recurrir dentro del plazo de cinco días, desde notificada la decisión, al Juez de Garantía para que en definitiva resuelva la práctica de la diligencia solicitada, por estimarse útil y pertinente para la investigación de los hechos.

(Fuente: Cámara de Diputados)

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