Corte Suprema acoge recurso de amparo de ciudadana colombiana expulsada del país

La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por una ciudadana colombiana respecto de quien se decretó su expulsión del país por infringir la normativa de inmigración.

En fallo unánime (causa rol 7018-2012), los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller. Haroldo Brito y Juan Escobar (suplente), revocaron el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado el recurso presentado por la ciudadana colombiana Ana Plascencia Carbajal.

La sentencia determina que la medida de expulsión decretada resulta desproporcionada, dado que Ana Plascencia sólo cometió un único acto irregular (firmar un contrato de trabajo inexistente para facilitar la inmigración de un pariente) y que, además, cuenta con arraigo en el país, tanto ella como sus dos hijos, desde 2005.

“Que el mencionado decreto se ampara en lo previsto en los artículos 66 y 64 del Decreto Ley N° 1094, en particular el inciso final de esta última norma, que consigna como causa de rechazo de solicitud de permanencia las razones de conveniencia o utilidad nacionales. Tales definiciones son conceptos jurídicos indeterminados, lo que implica que a ellos debe otorgarse un contenido concreto por parte de la autoridad que los utiliza. Dentro de ese contexto, surge que los conceptos en examen tienen relación con la protección de la seguridad del Estado y los cimientos de la institucionalidad, por cuanto respaldan el interés, en general, de la Nación. Sin embargo, el acto irregular que motivó la decisión de revocación del permiso, orden de salida y posterior abandono del país, respecto de la amparada, no aparece como una trasgresión que afecte los intereses que se pretende tutelar a través de la norma en examen, al ser, por cierto, una actuación indebida, pero que se lleva a cabo en una sola oportunidad, en un ámbito privado y familiar, pretendiendo buscar el bienestar del grupo, por lo que aparece entendible, no siendo, además, una conducta permanente llevada a cabo con fines ilícitos.
Lo anterior lleva a concluir que las decisiones que se han emitido por la autoridad administrativa y que tienen como base la suscripción, por parte de la amparada, del contrato de trabajo inefectivo, son desproporcionadas en relación con la naturaleza, gravedad y ámbito de la infracción cometida. Ello torna en ilegal y arbitraria la decisión de revocar el permiso de permanencia definitiva de la amparada y, consecuencialmente, la orden de salida y posterior decreto de expulsión”, dice el fallo.

(Fuente: Poder Judicial)

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