La venta de entradas a espectáculos se encuentra dentro del ámbito de protección de la Ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. “El consumidor tiene derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos”, se explica en el artículo tercero de la misma.
Por consiguiente, la legislación consagra el derecho a la información y el deber de informarse responsablemente, por lo cual, el consumidor está facultado a exigir el cumplimiento de los servicios ofrecidos, mas sólo puede hacerlo una vez que está dentro del recinto.
Asimismo, el artículo 23 de la citada ley dispone que: “comete infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio.” Estipulando incluso una multa de cien a trescientos unidades tributarias mensuales a los organizadores en casos de venta de localidades mayor a la capacidad del recinto, existiendo un vacío respecto a la problemática en cuestión.
Por lo anterior, el proyecto busca asegurar, por un lado, que el proveedor informe a la persona que compre una entrada a cualquier tipo de espectáculo, si la vista al espectáculo se encuentra restringida u obstaculizada, y por otro, sancionar el incumplimiento de este deber, que ocasiona un perjuicio a quien pagó por un servicio.
Finalmente, se propone modificar los artículos 3° y 23° de la Ley de Protección al Consumidor, para que quede de la siguiente manera: “en la venta de entradas a espectáculos públicos, incluidos los artísticos y deportivos, el proveedor debe informar al consumidor si la vista al espectáculo se encuentra restringida u obstaculizada”, de lo contrario, serán obligados a pagar una multa.
El texto será estudiado por la Comisión de Economía.
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