Corte de Puerto Montt rechaza Recurso de Protección de comunidad indígena por uso de borde costero

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó un recurso de protección presentado por la Comunidad Mapuche Huilliche Folil Trincao en contra de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), por no acceder a las solicitudes de uso especial de 10 zonas de la comuna de Quellón.

 En el fallo (causa rol 161-2012), los ministros Jorge Ebensperger, Leopoldo Vera y el abogado integrante Mauricio Cárdenas, rechazaron la acción cautelar por considera que no hubo actuar ilegal en la resolución que sólo otorgó acceso a 3 de las 10 zonas solicitadas por la comunidad de acuerdo a la Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO).

 “Que, conforme al mérito de los documentos acompañados, aparece que el acuerdo adoptado en sesión de fecha 19 de junio de 2012, materializado en Resolución Exenta N°2062, tuvo un procedimiento previo, legalmente tramitado, en que se cumplieron cada uno de los requisitos establecidos en los artículos 7 y 8 de la ley 20.249, ya que conforme consta a fojas 99 y siguientes la Subsecretaría de Pesca emitió informe técnico respecto de la sobreposición de la solicitud de Espacio Costero con concesiones de acuicultura, marítimas o áreas de manejo otorgadas a titulares distintos del solicitante, luego a fojas 62 y siguientes rola oficio N°700 de CONADI en que se remite informe respecto del uso consuetudinario del sector, asimismo a fojas 33 y siguientes rola oficio de CONADI respecto de la consulta a las comunidades indígenas próximas al Espacio Costero Marino solicitado, siendo desde este punto de vista el actuar del recurrido plenamente legal”, dice el fallo.

Además, se señala que “Respecto a la vulneración de la garantía del artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República esgrimida por el recurrente atendida la naturaleza de la misma, esta Corte estima que la Resolución Exenta N°2062, por sí misma no es apta para vulnerar derechos constitucionales, y teniendo además en consideración que la impugnación se basa exclusivamente en un infundado recelo del recurrente que con motivo de la indicada resolución exenta se podría producir aquella vulneración fundamental, puesto que para ello ocurra, supone una actividad, obra o proyecto efectivamente materializado, y que la supuesta contaminación sea además consecuencia de dicha resolución, cuestión que no se encuentra acreditada en la especie. Que, finalmente y conforme a los antecedentes no se vislumbra la existencia por parte de la recurrida, de algún acto arbitrario o ilegal que pueda haber ocasionado en el actor conculcación de las garantías constitucionales que esta acción resguarda y que amerite la intervención de esta Corte mediante el otorgamiento de providencias de emergencias, a fin de restablecer la legalidad quebrantada, por lo que el presente recurso será rechazado”.

(Fuente: Poder judicial)

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