Pesca: Presentan proyecto para prorrogar por 2 años actual régimen de captura

Un proyecto para prorrogar por 2 años la vigencia del régimen de límite máximo de captura por armador y modificar el fraccionamiento de la cuota global de captura entre los sectores artesanal e industrial.

La moción, que pasó a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, fue ingresada el mismo día que el Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto del Gobierno para modificar en forma definitiva y global la actual ley de Pesca y Acuicultura.

Los parlamentarios que proponen la prórroga consideran que la iniciativa  del Ejecutivo debe ser debatida con más plazo y no con la urgencia suma con que hoy está calificada, apuntando que mientras la Cámara de Diputados tuvo 7 meses para discutir los alcances de la propuesta, en el Senado «el Ejecutivo viene asignándole suma urgencia a la discusión desde el 28 de Agosto», en tanto el actual régimen caduca el 31 de diciembre de 2012.

Los senadores plantean que «no sacamos nada con aprobar una ley a marcha forzada hoy, para tener que introducirle correcciones por la fuerza de los hechos en los próximos años», por lo que «no resulta apropiado legislar bajo la presión de la suma urgencia una materia de tanta trascendencia para los actores pesqueros y por un período más amplio que el de la ley vigente».

Añaden que «no parece seria y recomendable esta prisa, si lo que se quiere efectivamente es avanzar hacia una normativa moderna» y que para aprobar una nueva ley de Pesca «se requiere no sólo contar con la mitad más uno de los votos, vale decir con la formalidad legislativa, sino procurar sobre la base de la persuasión el mayor consenso posible».

Según los parlamentarios que solicitan prorrogar por 2 años el actual régimen, «existen diversas y contradictorias visiones respecto de temas como el estatuto jurídico de los peces, el acceso a los recursos, el fraccionamiento, la protección de las 5 millas de exclusividad para la pesca artesanal, el uso del posicionador satelital, el rol del Consejo Nacional de Pesca, la autonomía de los Comités Científicos, el papel que le cabe al IFOP y al Sernapesca en la investigación científica y la fiscalización, la necesidad de establecer una plataforma social para los trabajadores de la industria y la participación de los pueblos originarios, entre otras materias».

Dicen que «esta vez las realidades y demandas regionales o zonales son distintas, incluso dentro de un mismo sector» y que también «ha surgido con fuerza la demanda de parte de los pueblos originarios para, de acuerdo a los estándares internacionales aceptados para el Convenio 169 de la OIT, ser consultados respecto de este proyecto de ley en trámite, como actores interesados y afectados», advirtiendo que, de no dar respuesta a esta demanda, se arriesga que «el tema termine resolviéndose ante tribunales nacionales e internacionales».

Otro de los elementos que esgrimen en contra del proyecto del Gobierno tiene que ver con que éste «no fue remitido ni analizado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, instancia que debe proponer al Presidente las políticas para el manejo, uso y aprovechamiento sustentables de los recursos naturales renovables, así como los criterios de sustentabilidad que deben ser incorporados en la elaboración de las políticas y procesos de planificación de los ministerios y sus servicios dependientes y relacionados».

Por todo ello, proponen «extender la vigencia de la actual ley por dos años, de manera de seguir escuchando a los actores interesados en la sustentabilidad de la pesca, resolver los temas y demandas sociales y laborales pendientes, para finalmente lograr aprobar una ley que verdaderamente satisfaga los legítimos intereses y los compatibilice con el superior interés nacional».

(Fuente: Senado)

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