La iniciativa (boletín 8623) fue presentada por los diputados UDI Nino Baltolu, Enrique Estay, Gustavo Hasbún, Javier Hernández, Celso Morales, Manuel Rojas, David Sandoval,Enrique Van Rysselberghe, Gastón Von Mühlenbrock y Mónica Zalaquett.
Los autores indican que la drogadicción constituye un flagelo que, desde un punto de vista moral y jurídico, es rechazado por la sociedad, necesitando por parte del Estado enormes esfuerzos destinados tanto a prevenir su consumo, como a reprimir la acción de personas dedicadas a la comercialización de tales sustancias de conformidad a la ley.
Es por lo anterior que los diputados que presentaron la iniciativa señalaron que “el flagelo social que constituye la droga abarca diversos ámbitos de la vida, penetrando lamentablemente incluso en las esferas públicas y directivas, situación que claramente es incompatible con la buena marcha de tales administraciones y que va en desmedro de la comunidad, en especial de los más carenciados”.
Agregan que el Estado de Chile ha desarrollado una fuerte lucha contra la droga, ya sea mediante la implementación de normativas legales, como también con el desarrollo e implementación de políticas públicas dedicadas a combatir este mal que afecta a vastos sectores de nuestra sociedad.
Por lo anterior, resulta incompatible que las autoridades comunales, regionales y nacionales, dedicadas en muchos casos a implementar tales medidas, sean consumidores de sustancias ilícitas, no sólo a partir del hecho que su consumo a la larga provoca graves trastornos a la salud de tales personas, lo que de por sí implicaría que su salud sea incompatible con el desempeño de su cargo, sino porque además existiría un evidente doble discurso en materia moral y política, hecho que asimismo también es indeseable en la vida pública.
En consecuencia, se propone modificar la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, estableciendo a título de obligación para los candidatos a cargos de elección popular, la necesidad de realizarse exámenes de drogas, a fin de desvincular de un modo claro el consumo de tales sustancias con el ejercicio de un cargo de tanta relevancia como son aquellos de elección popular.
(Fuente: Diputados)
