Proponen facultar a municipalidades para condonar y renegociar deudas por derechos de aseo

La iniciativa (boletín 8626) fue presentada por los diputados PPD Cristián Campos,Tucapel Jiménez y Pepe Auth, los UDI Iván Moreira y Mónica Zalaquett, los DC René Saffirioy José Miguel Ortiz, y los diputados Carlos Montes (PS), Leopoldo Pérez (RN) Y Guillermo Teillier (PC).

Señalan los autores que el problema tiene su origen en el desajuste de las condiciones de exención de pago de derechos de aseo y del impuesto territorial, puesto que el cobro de aseo habitualmente se hace junto a al pago de contribuciones de bienes raíces.

La actual ley modificó el artículo 72 de la antigua legislación, dejando automáticamente exentos del pago de derechos de aseo, a aquellos usuarios cuya vivienda o unidad habitacional tenga un avalúo fiscal igual o inferior a 225 Unidades Tributarias Mensuales.

Por otra parte, la resolución exenta del año 2006 del Servicio de Impuestos Internos definió como monto de exención del pago del impuesto territorial la cifra de $ 14.396.648, cifra cercana al doble de aquella que exime del pago de derechos de aseo. La misma resolución, además, estableció nuevos procedimientos para determinar el avalúo de las propiedades.

A lo anterior, se suma el cambio de los barrios provocado por la expansión inmobiliaria, lo que provocó que muchas viviendas elevaron su avalúo fiscal por sobre las 225 UTM y quedaran afectas al cobro por derechos de aseo por parte de las municipalidades, no obstante seguir exentas del pago de contribuciones. El Decreto Ley de 1979 faculta a las municipalidades para efectuar directamente el cobro de derechos de aseo a los predios exentos del pago de impuesto territorial, o externalizar el servicio de cobro.

Ahora bien, el masivo endeudamiento existente se explica porque los propietarios de viviendas exentas del pago de impuesto territorial que no pagaban derechos de aseo, no recibieron información oportuna de parte de las municipalidades informándoles que en virtud de los cambios legales debían comenzar a cancelar un monto determinado por ese concepto. En algunos casos, esta situación se arrastra desde la misma entrada en vigencia de la Ley 20.033, es decir, desde hace 7 años, y miles de propietarios de modestas viviendas fueron sorprendidos con la existencia de una deuda acumulada, cuyo monto es significativo para su nivel de ingresos.

En la mayoría de los casos, los propietarios deudores son aquellos dueños de viviendas cuyo avalúo fiscal se sitúa hoy entre 9 y 14 millones de pesos. Por lo que resultaría fundamental, añaden los legisladores, considerar facultar a la municipalidad para condonar un porcentaje de las deudas y la totalidad de intereses y multas, así como determinar plazos razonables para que las personas de menores ingresos puedan regularizar su situación.

Los parlamentarios autores de la moción, aseguran que “las cantidades de dinero que las municipalidades pueden obtener por concepto de re-negociación condonando intereses y multas, pueden significar una ganancia mayor que mantener como un activo, créditos que son prácticamente incobrables porque las familias no tienen cómo pagarlos. Por la misma razón, pretender cobrar judicialmente estas deudas implica un gasto innecesario de recursos en abogados y gastos judiciales”.

Además agregan que existen experiencias anteriores que respaldan este argumento, cuando el año 2000 las municipalidades por una sola vez pudieron condonar el 50% de las deudas por derechos municipales devengados al 31 de diciembre de 1999 (entre ellos los derechos de aseo domiciliario, incluidos multas e intereses devengados a esa data) o la Ley 19.756 de 2001, que también permitió la condonación de las deudas hasta el 100% por razones socioeconómicas.

La Comisión de Gobierno Interior ya se encuentra estudiando la moción, que pretende facultar a las municipalidades para condonar la totalidad de las multas e intereses a todos aquellos propietarios o copropietarios de propiedades que mantengan una deuda contraída por concepto de servicio de aseo domiciliario y que suscriban convenios de pago con la municipalidad de la cual son deudores.

(Fuente: Cámara de Diputados)

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