Corte Suprema condena al Serviu por falta de servicio en el caso denominado casas Copeva

La Corte Suprema determinó que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la Región Metropolitana debe pagar una indemnización de más de $ 2.900.000 (dos millones novecientos mil pesos) por los daños que sufrieron las viviendas en junio de 1997, en Puente Alto.

 En fallo unánime (causa rol 8895-2009), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Sergio Muñoz, Sonia Araneda, María Eugenia Sandoval, Juan Escobar (suplente) y el abogado integrante Arturo Prado, acogieron recurso de casación y determinaron que el Serviu es responsable por los daños que sufrieron las casas, construidas mediante el Programa Especial de Viviendas para Trabajadores (PET) de la Villa Estación Ferroviaria, que resultaron inundadas en junio de 1997.

  “Que conforme a lo reseñado y al marco jurídico que regula la actividad del SERVIU, corresponde a este no sólo una labor de financiamiento de los proyectos sociales de vivienda, sino que es quien materializa los planes que le encomienda el Ministerio, por ende, entre otras funciones proyecta y ejecuta edificaciones. En este caso, la construcción se materializó a través de un tercero, que fue contratado por la entidad organizadora, sin embargo, no se ha demostrado por el SERVIU que la proyección del proyecto habitacional haya sido de cargo de dicha empresa Constructora o de un tercero, por lo que siguiendo entonces la regla general, ha de entenderse que la empresa actuó conforme al proyecto ejecutado por el SERVIU dentro de sus funciones sociales de política habitacional”, dice el fallo.

 La resolución agrega que “el daño antes detallado es una consecuencia directa  de la falta de servicio en que incurrió el SERVIU Metropolitano, como quiera que si hubiera planificado o normado la construcción de viviendas sociales con materiales de calidad aptos para lluvias, exigiendo a los privados que participaron en la construcción, el respeto irrestricto de tales planes o normas, el daño no se habría materializado”.

 El fallo determina que  el monto de la indemnización se divide en $1.130.000 (un millón ciento treinta mil pesos) por concepto de daño emergente, y $1.800.000 (un millón ochocientos mil pesos por concepto de daño moral).

(Fuente: Poder Judicial)

Consulte el fallo analizado, Microjuris. Rol N° 8895-2009

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