Se llega a un primer acuerdo en proyecto para un sistema consolidado de información comercial

Tras un año de trámite, la Comisión de Economía despachó, con un importante nivel de acuerdo entre los distintos sectores políticos y el Ejecutivo, el proyecto (boletín 7886) que crea un sistema consolidado de información comercial, quedando la iniciativa en condiciones de ser visto por la Comisión de Constitución.

El proyecto, hoy en espera de ser visto por la Comisión de Constitución tras otras importantes propuestas como la modernización del Código Civil y las llamadas reformas políticas, define en su primer artículo su fin: regular “el tratamiento de datos de obligaciones económicas, el cual deberá ser veraz, exacto y actualizado, efectuarse con pleno respeto a los derechos de los titulares de los mismos, cumplir con la normativa sobre calidad de la información y de seguridad y resguardo vigente, y no deberá inducir a error o engaño”.

Para efectos de esta ley, se entenderá por datos de obligaciones económicas aquellos de carácter crediticio, financiero, bancario o comercial de las personas, naturales y jurídicas, derivadas de operaciones de crédito de dinero o de operaciones de leasing, préstamo o crédito, que debe ser entregada por los aportantes al SOE, incluyendo antecedentes sobre su naturaleza, estado de cumplimiento, montos, saldos, plazos y otras variables y atributos que se determinen en el reglamento.

Los datos, se precisa, comprenderán información sobre morosidades y, en su caso, obligaciones económicas al día, siempre y cuando las obligaciones estén sustentadas en instrumentos de pago o de crédito válidamente emitidos, en los que conste el consentimiento expreso del deudor u obligado al pago y su fecha de vencimiento, tales como letras de cambio, pagarés, cheques, mutuos, contratos de préstamo y crédito, incluyendo las obligaciones que hubieren sido documentadas a través de cheques protestados por falta de fondos o por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa legal imputable al titular.

La iniciativa señala que no se requerirá del consentimiento o autorización de sus titulares para que los aportantes, por ejemplo puedan tratar, comunicar y entregar al sistema la información sobre morosidades de que dispongan; para la recolección y tratamiento de dicha información; o para la entrega o comunicación de los datos sobre morosidades a aquellos usuarios que tengan la calidad de aportantes, siempre que requieran de esta información para los fines de evaluar el riesgo de crédito del titular. Sin embargo, se mantienen resguardos para el tratamiento hacia terceros, debiéndose en tales casos obtener la autorización pertinente del titular.

Se establece que sólo se podrán recopilar, tratar, comunicar y almacenar los datos sobre obligaciones económicas hasta cinco años contados desde la extinción total de la obligación, desde la fecha pactada para su total cumplimiento o desde que ella se hubiere hecho exigible. El administrador del sistema deberá eliminar toda información que permita asociar un dato de obligaciones económicas caduco a su titular o al aportante del mismo.

Para resguardar de mejor forma la información se determina que las personas que trabajan en el tratamiento de datos de obligaciones económicas estén “obligadas a guardar secreto sobre los mismos cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, y no podrán revelar su contenido a terceros no autorizados de conformidad a esta ley, como así tampoco los demás datos y antecedentes relacionados con el Sistema, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo”. Asimismo, deberán abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros.

El proyecto también regula los derechos que tienen los titulares de la información, así como el tratamiento que podrán realizar sobre la misma los diversos aportantes y las empresas distribuidoras. De igual modo, se crea la institucionalidad del SOE y se definen las normas de supervigilancia y fiscalización por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

(Fuente: Cámara de Diputados)

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