Corte de Rancagua condena al fisco a indemnizar a reo herido a bala en cárcel de peumo

La Corte de Apelaciones de Rancagua condenó al Fisco a pagar una indemnización de $15.000.000 (quince millones de pesos) a un reo que resultó herido a bala en un incidente provocado por un gendarme, al interior de la cárcel de Peumo.

En fallo unánime (causa rol 643-2012), los ministros Raúl Mera, Ricardo Pairacán y el abogado integrante José Irazábal, determinaron que el Estado debe pagar la indemnización al demandante Jacob Ramírez Osorio, quien se encontraba cumpliendo una pena en el Centro de Detención Preventiva de Peumo cuando, el 12 de septiembre de 2007, resultó herido por una bala que percutó, accidentalmente, un gendarme.

La sentencia ratifica la responsabilidad del Estado por la falta de servicio del funcionario penitenciario, que causó graves heridas al demandante.

“Que tampoco tiene razón el Fisco cuando nos dice que no hay falta de servicio porque se atribuye en la demanda con claridad el suceso a una persona determinada. Es cierto que la falta de servicio no requiere que se pueda establecer con precisión qué persona concreta cometió el hecho o incurrió en la omisión que generó el daño. Pero desde luego tampoco se opone a que esa determinación se produzca. Tanto es así que la ley permite al ente estatal repetir contra el funcionario culpable (artículo 42 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado). En la especie es clara la falta de servicio, si un funcionario del órgano encargado precisamente del cuidado de los internos, dispara por imprudencia en contra de uno de ellos, fuera de todo caso de necesidad y aún de mínima racionalidad. Es Gendarmería quien, en la persona de uno de sus agentes que obró en servicio y manipulando un arma fiscal, dentro del recinto penitenciario, faltó a su deber de cuidado, y por ende es el Estado el que debe responder civilmente, más allá de la responsabilidad penal, administrativa y aún también civil del funcionario en particular. Así, por lo demás, lo razonó el Sr. Juez a quo en su motivo vigésimo tercero que reprodujimos”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que “en lo que toca al monto de la indemnización por daño moral, debe atenderse a que no consta sino una lesión que mantuvo al demandante en tratamiento por alrededor de dos meses, quedando con secuelas relativamente menores, por más que generen los efectos a que hace referencia el Sr. Juez a quo, que tampoco son de gravedad extrema ni son irreversibles, ya que la hernia que le causaría la falta de fuerzas es reparable quirúrgicamente, según informa el perito y lo recoge el fallador, sin que amenace su vida ni genere efectos particularmente graves en su salud. Todos los argumentos del Juez para calibrar el daño son certeros, pero su conclusión resulta exagerada, pues aquellos no pueden llevar a acordar una indemnización que sería propia de lesiones más graves e invalidantes que las que el fallo apelado describe. Así pues, considerando la reparación parcial que ya se recibió y la naturaleza, gravedad, extensión y secuelas de las lesiones, y todos los argumentos vertidos en primera instancia en los motivos vigésimo quinto a vigésimo octavo, el daño moral que resta  como insatisfecho debe regularse una suma equivalente a quince millones de pesos”.

(Fuente: Poder Judicial)

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