TC rechazó requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba norma de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 88 de la Ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
La gestión pendiente invocada incide en un juicio que conoce el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, en el cual los herederos de un trabajador fallecido en un accidente del trabajo pretenden obtener de la empresa subcontratista y, subsidiariamente, de la compañía principal una indemnización por el daño causado.
En su sentencia, la Magistratura Constitucional arguyó en esencia, en torno al conflicto constitucional sometido a resolución del TC, que, la requirente solicita declarar inaplicable la expresión “personalísimos”, sosteniendo que estas diferencias interpretativas no se refieren únicamente a cuestiones hermenéuticas propias de reglas legales sino que la fundamenta en la vulneración de los artículos 19 N° 2, 23, 24 y 26 de la Constitución, según se explicará. Este examen se realizará a partir de identificar aquellas vulneraciones planteadas por el requirente que funden un auténtico juicio de relevancia. Esto es, la identificación de cómo se produciría el resultado inconstitucional en el caso concreto en relación con las normas constitucionales invocadas.
Más adelante, y con respecto a la infracción a la libertad de adquirir el dominio y al derecho de propiedad, sostiene el TC que, como primera consideración, es necesario tener en cuenta que, desde un punto de vista constitucional, existe un margen de apreciación del legislador para estimar que hay acciones que pueden considerarse intransmisibles o personalísimas. La legislación civil y de seguridad social, especialmente, tiene un conjunto relevante de ejemplos que así lo precisan (derecho de alimentos, de uso y habitación, de usufructo, entre otros).
Sumado a lo anterior, prosigue el fallo, es imprescindible constatar que la doctrina civil nacional no se encuentra conteste respecto a la transmisibilidad de la acción por daño moral en caso de muerte.
Así, expresa el fallo, existen razones aceptables tanto para acoger la transmisibilidad de la acción por daño moral como para rechazarla, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional y, específicamente, del derecho de propiedad y de la libertad de adquirir el dominio de toda clase de bienes, la decisión del legislador (y del juez de fondo en el caso concreto) no vulnera la Carta Fundamental por estos capítulos.

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