Corte de Santiago rechaza recursos de nulidad en juicio contra Luciano Pitronello

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de nulidad presentados por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, en el juicio que se realizó en el Cuarto Tribunal de Juicio Oral de Santiago en contra de Luciano Pitronello Schuffeneger.

 En fallo dividido (causa rol 2384-12), los ministros Juan Escobar, Leopoldo Llanos y Adelita Ravanales desestimaron los recursos presentados en contra de la resolución que condenó Pitronello Schuffeneger a las penas de: 41 días de presidio por el delito de daños; tres años y un día de presidio por posesión de bomba, y 541 días de presidio por uso de placa patente falsa.

 La sentencia desestima la aplicación de la Ley Antiterrorista en el caso al fundamentar que este tipo de conductas se deben acreditar de acuerdo a la actual legislación.

 “De la discusión parlamentaria aparece que no existen conductas terroristas per se, y que para la configuración de los tipos señalados en el artículo 2, deben concurrir las condiciones descritas en el artículo 1, toda vez que el elemento esencial del terrorismo, para la legislación nacional, radica en el propósito de causar un temor justificado en la población o en una parte de ella, de verse expuesta o ser víctima de delitos de gravedad, desde que el artículo 2 de la ley consagra ilícitos con potencialidad para calificarse de terroristas sólo si cumplen con el elemento subjetivo del tipo que establece el artículo 1 de la ley, el que ha de acreditarse en el juicio respectivo. Así la actual legislación plantea un desafío que no es menor, y entraña consecuencias probatorias que el profesor Hernández Basualto, en su Informe en derecho sobre los alcances de la Ley 18.314,  advierte de la siguiente manera “…se debe acreditar más allá de toda duda razonable no ya sólo que el agente conocía (y aceptaba) positivamente el posible efecto atemorizador de sus conductas en la población o en una parte de ella, sino que dicho efecto era precisamente lo que perseguía. Y esto será particularmente arduo en la práctica, atendida la multiplicidad de fines que se pueden asociar a la actuación delictiva. De ahí que la doctrina haya destacado reiteradamente la inconveniencia de gravar la definición del delito terrorista con la prueba de un elemento subjetivo.” El mismo autor, explica más adelante que la ley Antiterrorista había podido aplicarse durante los últimos veinte años en razón de la presunción que contemplaba el inciso segundo del artículo 1°, puesto que, no obstante tratarse de una presunción legal que en modo alguno alteraba que el objeto preciso de la finalidad exigida por la ley, permitía concentrarse en sus presupuestos objetivos, quedando la defensa con la carga de desvirtuarla, lo que no se intentaba o simplemente no se conseguía”, sostiene el fallo.

 Asimismo, se desestima que exista falta de fundamentación en la sentencia del Cuarto Tribunal Oral, del 15 de agosto pasado.

 “A modo de conclusión, considera esta Corte que no se configuran los defectos de fundamentación lógica que se atribuyen al fallo en examen, toda vez que las decisiones probatorias impugnadas se encuentran suficientemente fundadas y porque los argumentos objetados por contradicción transitan por planos distintos, sin que importen afirmar y negar una misma cosa al mismo tiempo. De otro lado, las máximas de la experiencia, por cuya aplicación se insta, en el contexto fáctico aceptado por los sentenciadores, carecen de influencia en la decisión y, por último, algunos aspectos de su impugnación importan más una apelación que un recurso de nulidad, en tanto que no se les asocia alguna regla de la lógica, máxima de la experiencia o principio científicamente afianzado. Por último solo cabe consignar que no obstante haberse señalado por el recurrente que el vicio que alegaba también incluía la omisión de valoración de parte de la prueba de cargo, este aspecto de la causal no es desarrollado en su libelo, lo que impide a este tribunal hacer alguna consideración a ese respecto”.

 La determinación se adoptó con el voto contra de la ministra Ravanales, quien fue partidaria de acoger los recursos de nulidad planteados al considerar que la sentencia carece de fundamentación.

(Fuente: Poder Judicial)

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