Buscarán patrocinio a iniciativa que permite que Consejo Nacional de Educación exija información a universidades

Luego que la Sala de la Cámara Alta declaró inadmisible el proyecto que autoriza al Consejo Nacional de Educación exigir información a las universidades reconocidas por el Estado, por tratarse de una materia de exclusiva iniciativa del Presidente de la República, según lo señala el artículo 65 de la Constitución, los senadores Francisco Chahuan y Antonio Horvath, informaron que solicitarán patrocinio al Ejecutivo con el fin que dicho texto legal sea declarado admisible.

En lo fundamental, el proyecto que posee un artículo único establece que «cada universidad reconocida oficialmente, deberá informar trimestralmente al Consejo sobre su funcionamiento, sin perjuicio que se le exija tal información en la oportunidades que se estime pertinente». Añade que para tal efecto, el Consejo dictará un reglamento.

 Al respecto, los autores del texto legal comentaron que en uno de los articulados del Decreto de Fuerza de Ley N°2 del Ministerio de Educación se establece «la creación del Consejo Nacional de Educación, como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Mineduc, el cual define sus diversas funciones en materia de educación superior».

Añadieron que «en el artículo 87 de dicho decreto ley indica que corresponde al Consejo verificar el desarrollo de los proyectos institucionales de las nuevas que hayan sido aprobadas».

Precisaron que «sin perjuicio de la autonomía académica, económica y administrativa de estas casas de estudios superiores, se considera que es posible evitar la medida de revocar el reconocimiento oficial a una universidad y cancelación de la personalidad jurídica».

Para ello, explicaron los parlamentarios «se establecerá que cada universidad reconocida oficialmente deberá informar trimestralmente  al Consejo sobre su funcionamiento».

Los legisladores enfatizaron que con ello «se permitirá adoptar las medidas correctivas pertinentes, en el caso de mal funcionamiento, con el fin de evitar la revocación del reconocimiento oficial de una universidad y la consecuente cancelación de su personalidad jurídica».

(Fuente: Senado)

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