Con énfasis en recursos del Servicio Médico Legal para peritajes de niños abusados Senado despachó erario de Justicia

En la sesión especial, que se realizó entre las 11:00 y 14:00 hrs., la Cámara Alta ratificó además los recursos para los ministerios de Energía, Medio Ambiente, RR.EE., Bienes Nacionales y Minería.

El Senado ratificó con modificaciones la partida del Ministerio de Justicia, cuyos recursos para el 2013 alcanzan a los $824.473.827.000. La instancia respaldó por unanimidad parte de la indicación del Ejecutivo en la cual se destinan $1.383.938 millones para el Programa del Servicio Médico Legal, en relación a las pericias médicas para los niños abusados.

Asimismo, por 13 votos contra 10 y 1 abstención, la instancia rechazó la otra parte de la indicación del Ejecutivo, que buscaba eliminar parte de la glosa propuesta por la Cámara de Diputados. Así, el Programa del Servicio Médico Legal deberá en el 2013 contar con «recursos para satisfacer de manera oportuna y eficiente las demandas de las pericias médicas para niños abusados». Además, dicha entidad «no podrá negarse a la realización de dichas pericias».

Por unanimidad, el Senado aprobó dos indicaciones sobre información, en la cual el Ministerio de Justicia deberá informar a las Comisiones de Constitución de ambas Cámaras y Mixta de Presupuesto, sobre la forma en que el gobierno ha resuelto la «deuda histórica» que afecta los funcionarios de Gendarmería y montepiadas, que se pensionaron entre 1972 y 1974 y sobre la entrega de antecedentes por concepto de quinquenios penitenciarios impagos de dichos funcionarios jubilados.

Durante el debate los senadores Letelier, Alvear, Tuma, Walker Patricio y Zaldívar dieron a conocer su inquietud por la urgente necesidad de fortalecer el Servicio Médico Legal, en especial, para que se destinen más recursos con el fin de que eliminar las listas de esperas para las pericias de los menores que han sido atacados sexualmente. Los parlamentarios indicaron a los niños deben esperar cerca de un año para que se le hagan los respectivos exámenes, lo que produce una «re victimización».

Dichos legisladores junto a su par, Uriarte, García Huidobro, Coloma y Larraín Fernández expresaron su preocupación por la falta de especialistas, en especial en las provincias, destinados a realizar autopsias durante los fines de semana en el Servicio Médico Legal.

El presupuesto 2013 destinado a Gendarmería de Chile que alcanza $306.692.513.000 y ratificado por la Cámara Alta, fue objeto de diversas consultas por parte de los parlamentarios, quienes debatieron sobre la necesidad de la construcción de nuevas cárceles, en vista del fuerte hacinamiento que sufre la población penal en nuestro país.

En ese sentido, los senadores Navarro, Alvear, Gómez y Pérez Varela sostuvieron que a pesar, que el Presupuesto 2013 incluye la construcción de dos nuevas cárceles, se necesitan más en otros puntos del país como en Calama y Chillán, ésta última está ubicada al interior de la ciudad.

Mientras, el senador Prokurica agradeció al Ejecutivo que el Presupuesto 2013 contemple recursos para la construcción de la cárcel en Copiapó.

Otros de los aspectos debatidos en la Sala, fue la situación de funcionarios de Gendarmería, cuya institución no contaría con los recursos adecuados para que su personal ascienda en un corto y mediano plazo.

Al respecto, los senadores Navarro, Alvear, Muñoz Aburto y Bianchi manifestaron su inquietud sobre este punto y explicaron que el Presupuesto 2013 no contaría con los recursos adecuados para la reinserción social de los internos que ya cumplieron sus penas.

El senador Chahuan dijo que fortalecer la política de ascensos de los funcionarios de Gendarmería es un «compromiso presidencial» y adelantó que Asociación de funcionarios de dicha entidad tendrá una reunión sobre este tema en marzo del 2013 con el ministro del Interior».

Mientras, el senador Orpis señaló que el actual Presupuesto 2013 «colocó énfasis en medidas de monitoreo como los brazaletes electrónicos, pero falta incrementar los recursos para la reinserción social de los condenados que ya cumplieron sus penas».

El senador García Ruminot manifestó la necesidad que «Contraloría haga un pronunciamiento definitivo» sobre el caso de los jubilados y montepiadas entre 1972 y 1974. El parlamentario añadió que algunos de estos casos ya fueron resueltos por dictamen de la Corte Suprema.

(Fuente: Senado)

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