Diputado propone establecer arbitraje prohibido en los conflictos o dificultades que se susciten entre Compañías de Seguros y sus asegurados

terremoto catastrofeLa moción del diputado Jorge Ulloa, expone que como consecuencia del desbastador terremoto que afectó a gran parte de nuestro país, el pasado 27 de febrero del año 2010, un número importante de personas naturales y jurídicas que resultaron damnificadas, tenían contratados seguros generales con objeto de proteger sus bienes por eventuales siniestros.

Observa luego que dentro de las personas damnificas –principalmente de clase media- muchas habían adquirido su vivienda por medio de Bancos e Instituciones Financieras, las cuales evidentemente se encontraban sujetas a garantías hipotecarias las que contemplan además un contrato de seguro que cubre los riesgos del bien inmueble hipotecado.

En este sentido, señala el autor de la moción, que ha resultado evidente a la opinión pública las diversas dificultades que han tenido que enfrentar los afectados para que se dé cumplimiento de forma “eficaz, transparente y justa las debidas indemnizaciones o contraprestaciones que les garantizaban sus contratos de seguros”, producto del “retraso, desidia, inoperancia, indolencia y negligencia” de las Compañías de Seguros y de los liquidadores de seguros.

Es en este contexto, resulta indispensable que estos conflictos sean solucionados por la justicia ordinaria, y no por jueces árbitros que implican altas remuneraciones y la necesaria defensa jurídica que se debe contratar, lo que claramente no pueden ser costeadas por las personas aquejadas.

Por estas razones, y con el objeto de subsanar tal situación la iniciativa propone establecer “arbitraje prohibido” para todos los conflictos o dificultades de cualquier orden que se susciten entre la Compañía de Seguros con los asegurados o beneficiarios, y entre los intermediarios de seguros con los asegurados o beneficiarios, cuando el monto de la indemnización reclamada sea superior a 120 Unidades de Fomento.

Asimismo, se establecerá que “cualquier cláusula contractual que impida, prohíba o limite el acceso a los beneficios del presente proyecto de ley, se entenderá de pleno derecho como nula y sin ningún valor legal”.

(Fuente: Diario Constitucional)

Revise el texto de la moción.

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