Cámara aprueba proyecto que perfecciona Ley de Transparencia y Acceso a la información pública

TransparenciaEl proyecto que modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, fue aprobado por 99 votos a favor.

Entre múltiples modificaciones, el texto legal establece que para facilitar el acceso a la información, los órganos de la Administración del Estado deberán conservar y archivar la información que posean o que esté bajo su control, responsabilidad o competencia.

La eliminación de la información deberá realizarse de acuerdo a lo que disponga el reglamento que regule esta materia y, en todo caso, se podrán eliminar aquellos documentos que se encuentren respaldados en archivos digitales o similares en los casos y condiciones que se determine.

Se dispone que es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que esté en poder de los órganos de la Administración cuando ésta haya sido entregada en virtud de un mandato legal o a requerimiento de dichos órganos, en el ejercicio de sus competencias, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, salvo que esté sujeta a excepciones como razones de seguridad.

En sus sitios electrónicos, los órganos de la Administración del Estado deberán publicar las declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades y funcionarios obligados a presentarlas; el índice actualizado de los actos y documentos declarados secretos o reservados; la normativa reglamentaria y administrativa vinculada a esta ley; y toda otra información que otras normas legales establezcan que deba publicarse.

La iniciativa detalla que el acceso a la información comprende el derecho de acceder a los correos electrónicos que, en el ejercicio de sus funciones, las autoridades, funcionarios y servidores públicos hayan enviado o recibido a través de sus casillas electrónicas institucionales siempre que se trate de actos y resoluciones de los órganos de Administración del Estado, y siempre que se constate que existe interés público en su divulgación.

Las solicitudes respecto de esta información deberán indicar, de manera precisa, su materia y los demás datos necesarios para identificar los correos requeridos, como época de emisión o recepción y emisores o destinatarios.

Respecto a la solicitud de información, se establece que si no reúne los requisitos establecidos en la ley, o fuere manifiestamente ofensiva, se requerirá al solicitante, de manera fundada, para que en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición. En todo caso, si el requerimiento de subsanación fuere infundado y el órgano no admite a tramitación la solicitud, el solicitante siempre podrá recurrir de amparo.

El texto además modifica plazos respecto de la solicitud y la entrega de la información, buscando conciliar el interés público con la privacidad de las personas y respecto al proceso de apelación ante el Consejo de Transparencia.

En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información, procederá recurso especial de reposición fundado en haberse incurrido en manifiesto error de hecho y que éste haya sido determinante para la decisión adoptada, o que aparecieren antecedentes de valor esencial para la resolución del asunto que hayan sido ignorados al dictarse aquélla. El plazo para interponer este recurso es de tres días hábiles de notificada la decisión que se recurre.

(Fuente: Cámara de Diputados)

Consulte el proyecto boletín 7686.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: