TC acogió parcialmente requerimiento de inaplicabilidad que impugnó norma sobre exclusión de prueba y lectura de registros y actuaciones policiales en juicio oral

Tribunal_Constitucional_ChileEl TC acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad que impugnó los artículos 276 y 334 del Código Procesal Penal.

La gestión pendiente invocada incide en un proceso penal por el asalto a 3 sucursales bancarias y la muerte de un carabinero, en el cual la requirente de inaplicabilidad es querellante.

En su sentencia, el TC arguyó, en torno a su competencia, que, como en este caso y atendida la circunstancia de haber mediado un traspaso de competencias y procesos penales, su concreta ejecución práctica ha puesto de manifiesto que las mismas normas refutadas se prestan para producir efectos inconstitucionales.

En torno a los antecedentes relevantes de esta inaplicabilidad, prosigue el fallo, el problema se suscita porque el 7° Juzgado de Garantía de Santiago ha invocado los artículos 334 y 276 del Código Procesal Penal como fundamento para suprimir determinada declaración testimonial, ofrecida en la acusación del Ministerio Público con arreglo al artículo 259, inciso primero, letra f), del mismo cuerpo legal, y a la cual adhirió la solicitante de inaplicabilidad; única prueba a que se referirá esta sentencia, de entre aquellas que indica el requerimiento, por ser la que interesa e incide en el delito motivo de su querella.

El caso es que, manifiesta la Magistratura Constitucional, encontrándose ejecutoriado el procesamiento de determinados civiles, por existir presunciones fundadas en su contra como autores del homicidio, fue dictada la Ley N° 20.477 (30.12.2010), que obligó a traspasar la causa a objeto de que pudiera continuar su tramitación ante los tribunales ordinarios.

Respecto a las pruebas en el proceso penal y la jurisdicción penal, aduce la sentencia que al TC incumbe declarar inaplicable un precepto de ley, aunque éste -a primera vista- aparezca justo en su tenor literal e inocuo en su aspecto, cuando en la práctica resulta que da pábulo para aplicarse de algún modo inconstitucional.

Como acontece en el caso actual, en que a un tiempo de apartarse aquella diligencia probatoria testifical recogida por la justicia militar, al asilo de cierta vastedad en las facultades atribuidas al juez de garantía, también se ha privado de eficacia y excluido del proceso una ineludible disposición legal, el artículo 8° transitorio de la Ley N° 20.477, supuestamente por haber infringido cierta garantía constitucional.

Luego, en relación a la competencia de los tribunales castrenses, expresa el TC que  los tribunales militares en tiempo de paz se encuentran reconocidos como integrantes del Poder Judicial en el artículo 5°, inciso tercero, del Código Orgánico de Tribunales, lo que los deja afectos –por  ende– al artículo 76 de la Constitución Política.

En cuanto órganos estatales, además les alcanza el principio de legalidad, establecido en los artículos 6° y 7° del Texto Supremo, por manera que se encuentran en el deber de actuar “dentro de su competencia” y “en la forma que prescriba la ley”, agrega el fallo.

Enseguida, y sobre la validez de las pruebas acopiadas por la Justicia Militar, sostiene la Magistratura Constitucional que, en el obvio entendido que el control sobre admisibilidad de la prueba, eventualmente, podría realizarse por los juzgados de garantía, puesto que es absurdo tomar precauciones frente a una situación que no se puede dar, el citado artículo 8° transitorio, en sus incisos primero, tercero y quinto, dispuso reglas perentorias e inexcusables con el objeto de preservar dicha prueba en estas instancias jurisdiccionales derivadas.

En cuanto a las atribuciones del Juzgado de Garantía, manifiesta el fallo que, indudablemente, el objetivo de bien común en que consiste la función del Ministerio Público de investigar con la policía los hechos constitutivos de delito,

los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia de los imputados, acorde con la Constitución (artículo 83, inciso primero), la Ley N° 19.640, orgánica de ese organismo autónomo (artículo 1°, inciso primero), y las demás normas pertinentes del Código Procesal Penal (artículos 180 y 181), todo ello, a la vez, solamente puede alcanzarse “con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”, por imperativo de su artículo 1°, inciso cuarto.

Puede concebirse una delimitación razonable a esa función de resguardo, aduce el TC, en lo atinente a la potestad de los jueces de garantía para eliminar anticipadamente pruebas obtenidas con infracción de derechos fundamentales, siempre con el ánimo de no cohibir injustificadamente el derecho a ellas que poseen los querellantes, ni constreñir innecesariamente la facultad radicada en los tribunales de juicio oral en lo penal para conocer los hechos sobre los que deben pronunciarse.

Pero lo que resulta enteramente inadmisible a la luz de muy claros principios constitucionales (artículos 6° y 7°), señala el fallo, es que un juez de la República desconozca  el artículo 8° transitorio de la Ley N° 20.477 a pretexto de que su aplicación importaría infringir la garantía fundamental del debido proceso.

Así, más adelante arguye la sentencia que la producción de pruebas en sede procesal militar está sostenida en reglas constitucionales que expresamente habilitan al legislador a configurar modalidades diferenciadas de procedimientos. En tal sentido, el inciso final del artículo 83 de la Constitución dispone expresamente que “el ejercicio de la acción penal pública, y la dirección de las investigaciones de los hechos que configuren el delito, de los que determinen la participación punible y de los que acrediten la inocencia del imputado en las causas que sean de conocimiento de los tribunales militares, como asimismo la adopción de medidas para proteger a las víctimas y alos testigos de tales hechos corresponderán, en conformidad con las normas del Código de JusticiaMilitar y a las leyes respectivas, a los órganos y a las personas que ese Código y esas leyes determinen.”;

Señala el TC que, el debido proceso, en relación a las pruebas, incluye la doble posibilidad de aportarlas e impugnarlas, resultando claro que el Código Procesal Penal cautela plenamente el derecho a impugnarlas en diferentes etapas procesales a todos los intervinientes en el proceso penal ordinario.

La conclusión obligada de este análisis, expone la sentencia, conduce a que la aplicación del artículo 334 – en lo referido a la prohibición de lectura de registros y documentos– importa una vulneración al derecho al debido proceso, en relación al derecho a aportar pruebas (artículo 19 N° 3, inciso sexto, de la Constitución). Asimismo, el legislador tiene el deber de configurar un procedimiento e investigación racionales y justos. La racionalidad exige una construcción de este proceso conforme a las reglas de la razón y la lógica, configurando una ritualidad procesal.

De esta forma, concluye en esencia el TC, la inaplicabilidad del artículo 334 habilita la lectura de registros y documentos en razón de lo que ha decidido razonablemente el legislador para efectos de traspasar las causas de los tribunales militares en tiempo de paz a la justicia ordinaria.

Motivos anteriores en virtud de los cuales sólo se declaró inaplicable, en la gestión judicial pendiente, el artículo 334 del Código Procesal Penal.

Por su parte, la decisión fue acordada con la prevención de los Ministros Venegas, Vodanovic, Carmona y Aróstica, quienes estuvieron por declarar inaplicables tanto el artículo 276 como elartículo 334 del Código Procesal Penal en la gestión sub lite, por cuanto, en esencia, constatan que la aplicación de ambos preceptos, de la manera como se han puesto en práctica, riñe con los artículos 19, N° 3, inciso sexto, y 76, inciso primero, de la Constitución.

A su turno, el Ministro García fue de la prevención de concurrir a la sentencia con una serie de consideraciones, entre ellas, que es necesario precisar y reiterar un conjunto de criterios interpretativos que son fundamentales para ponderar los alcances de este requerimiento de inaplicabilidad en relación a las normas impugnadas sin determinar un efecto específico sobre la gestión pendiente en sede penal. Estos criterios están referidos al respeto de la interpretación conforme a la Constitución, al principio de intervención mínima en materias penales, a la independencia interpretativa del juez de fondo, a la ausencia de calificación de los hechos del juicio, al impedimento de sustitución de la resolución del juez de fondo e identificación de un conflicto de constitucionalidad que se manifiesta en el repudio entre el o los preceptos legales impugnados y la propia Constitución y al carácter concreto y especialísimo de este requerimiento.

Y es que, agrega, el análisis que realiza el TC, en su examen de la inaplicabilidad requerida no puede calificar los hechos litigiosos en un sentido u otro. Tal pronunciamiento es privativo de los tribunales de fondo.

Por último, indica en esencia este Ministro que, desde el inicio que se trata de una causa en que se impugnan normas procesales penales que impedirían que la producción de pruebas realizada en sede de justicia militar sea utilizada en un procedimiento penal común.

No corresponde a esta Magistratura, prosigue, el controlar un precepto legal que no ha sido objeto de impugnación en el requerimiento, como es el caso del artículo 8 transitorio de la Ley N° 20.477.

Sobre el límite entre un problema interpretativo de normas legales y un conflicto constitucional, arguye este Ministro que esta Magistratura entiende siempre que es absolutamente imprescindible respetar la independencia interpretativa del juez de fondo en la medida que se trate de una cuestión que abarque un dilema hermenéutico entre dos normas del nivel legal. No obstante, distinguiremos este aspecto de aquél que se produce por un conflicto constitucional propiamente tal y que lleva a este Tribunal a pronunciarse en el sentido que se indicará.

En este caso, sostiene, el juez del fondo se enfrenta a un dilema que puede ser resuelto fácilmente por un criterio de especialidad. Particularmente, es claro que el legislador ha re-configurado las reglas probatorias para efectos de consolidar un traspaso razonable de procesos pendientes, desde los tribunales militares en tiempos de paz a la jurisdicción penal ordinaria. Para tal efecto, dispuso una regla especialísima que conserva la prueba rendida en el proceso antiguo para efectos de permitir una pronta y debida administración de justicia.

En consecuencia, no cabe en caso alguno al juez del fondo aplicar la regla de exclusión de prueba como un sucedáneo que le habilite a inaplicar todo el contenido de lo preceptuado en el artículo 8 transitorio de la Ley 20.447, por tratarse de una competencia entregada exclusivamente al Tribunal Constitucional.

En torno a los fundamentos por los cuales se acoge parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad, señala este previniente que, en primer lugar, se debe declarar enfáticamente que no cabe reproche alguno de inconstitucionalidad al artículo 276 del Código Procesal Penal en el marco de un requerimiento de inaplicabilidad, toda vez que se trata de una regla que preserva la integridad de la decisión punitiva del Estado, con pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas y realiza un avance sustantivo en consolidar el fortalecimiento de un justo y racional procedimiento.

Respecto de la segunda norma impugnada, continúa, se acoge parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado en autos, exclusivamente en lo que dice relación con el artículo 334 del Código Procesal Penal.

Según lo anterior, expone que el artículo 8 transitorio de la Ley N° 20.477, es una normaordenatoria litis, esto es, una regla adjetiva e instrumental a objeto de facilitar una transición entre un procesamiento bajo determinadas reglas hacia una imputación procesal penal, bajo otras.

Por su misma condición accesoria quedan a salvo las reglas sustantivas del proceso penal.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Peña y Hernández Emparanza, quienes estuvieron por desestimar el requerimiento sobre la base de las consideraciones de inadmisibilidad, referidas, en esencia, a que lo que se pide al TC es que revise la decisión adoptada por el Juez del 7° Juzgado de Garantía, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 276 del Código Procesal Penal, para cuyo efecto existen los recursos procesales correspondientes, como lo demuestra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, pronunciada en la causa Rol N° 578-2009.

Por otra parte, agregan estos Ministros, el requerimiento debe rechazarse, porque, en concepto de quienes suscriben este voto, plantea un conflicto entre normas legales, destinado a que el Tribunal Constitucional le indique al Juez de Garantía cuál debe prevalecer –el artículo 8° transitorio de la Ley N° 20.477 frente a los artículos 276 y 334 del Código Procesal Penal-, aplicando, para resolverlo, criterios de interpretación propios de normas de esta naturaleza, como los que se contienen en los artículos 19 al 24 del Código Civil.

Por lo señalado, estos Ministros disidentes no comparten lo afirmado en la sentencia, en su considerando segundo, en el sentido de sostener que, en la especie, se está frente a un conflicto de constitucionalidad y no de legalidad, porque lo propio del juez de fondo es “corregir y remediar el eventual error cometido al aplicar cierta disposición legal durante alguna gestión judicial”.

De igual forma, la decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Fredes, quien estuvo por desechar el requerimiento por estimar que el mismo plantea un conflicto de mera legalidad, consistente en la injustificada inobservancia por el juez de garantía de lo dispuesto en los incisos tercero y quinto del artículo 8° transitorio de la Ley N° 20.477, cuestión que, sin embargo, es resoluble por la vía recursiva que contempla la propia legislación procesal penal (eventualmente a través del recurso de nulidad que regula el Título IV del Libro III del Código Procesal Penal) y no por medio de la acción de inaplicabilidad, que por definición es incoable sólo respecto de preceptos legales que aún no hayan recibido aplicación, lo que no sucede en la especie.

Esa es la vía idónea para inconformarse por una pretendida antijuridicidad de la resolución exclusoria, concluye en esencia este disidente, y no la de la acción de inaplicabilidad, que, adicionalmente y por su propia índole, sólo es esgrimible en contra de preceptos legales que en sí mismos posibiliten una aplicación contraria a la Constitución y no cuando, como en el caso de autos, dejen de aplicarse por errores de hermenéutica legal, vicio que en nuestro sistema jurídico es remediable por vía de casación o de nulidad.

(Fuente: Diario Constitucional)

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