Corte Suprema acoge recurso de Municipalidad de Providencia sobre parque Aguas Andinas

corte-supremaLa Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió, en fallo dividido, acoger un recurso de protección presentado por la Municipalidad de Providencia en contra de dictamen de la Contraloría General de la República -N° 18.196- que le ordenaba fijar condiciones urbanísticas al predio denominado Aguas Andinas (ex EMOS), ubicado en Pocuro, entre Antonio Varas y la prolongación de Marchant Pereira.

En el fallo, que revoca una sentencia de la Corte de Apelaciones, se declara que dicho predio “tiene la condición de Área Verde en conformidad al Plan Regulador Comunal de Providencia, no estando afecto a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones”.

La sala estuvo compuesta por los ministros Héctor Carreño, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y los abogados integrantes Luis Bates y Emilio Pfeffer.

En su argumentación, los ministros establecen que “el inmueble de autos constituye un Área Verde, condición que ostenta desde antes del Plan Regulador Comunal de 2007 y, a lo menos, desde el año 1975. El nuevo Plan Regulador lo que hizo fue reconocer y mantener una situación ya establecida”.

La resolución agrega que “el Área Verde referida está destinada a la producción y distribución de agua potable, así como a la recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, pues con tal finalidad se le entregaron los inmuebles a los antecesores en el dominio a la empresa Aguas Andinas S. A., de manera tal que ésta no puede disponer de ellos a su arbitrio, ya que en su explotación está indisolublemente determinada por el carácter de servicio público a la que fueron destinados en su oportunidad”.

Asimismo, dice que “a la luz de lo expuesto, la decisión de la recurrida -contenida en el Dictamen N° 18.196 de 29 de marzo de 2012- aparece como ilegal, toda vez que desconoce implícitamente la calidad de servicio público de la actividad realizada por Aguas Andinas S. A., así como la destinación que con dicha finalidad se hizo respecto del inmueble de autos, que requería, para su utilización en el funcionamiento del servicio, que tuviera la condición de Área Verde; calidad y destinación hecha por el Estado que priman sobre las normas de caducidad establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

“De este modo, la actuación de la Contraloría General de la República ha significado una conculcación de la garantía del derecho de propiedad contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política en grado de amenaza, pues se está obligando a la Municipalidad de Providencia, previa una nueva declaración de utilidad pública, en los términos del artículo 59 inciso sexto  de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a desembolsar fondos  para expropiar un terreno, que incluso en parte fue donado por otra Municipalidad propietaria, para mantener la condición de Área Verde, en circunstancias que dicha expropiación no es ni ha sido necesaria conforme a lo que se ha venido razonando”.

A continuación, la resolución señala que “el traspaso de bienes fiscales y municipales tuvo un objeto claro y determinado, esto es, mantener el uso y explotación que en su momento la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, y luego sus continuadores legales, realizaba -y realizan- de aquéllos para la prestación del servicio público; siendo por lo tanto su destino el de ser utilizados para la explotación del servicio público, condición esencial del referido traspaso hecho por el Estado.

“De acuerdo a lo expuesto, no es posible sostener que para continuar con la ejecución de un servicio público sea necesario expropiar dichos bienes, en circunstancias que los mismos se entregaron a dicha empresa –hoy, Aguas Andinas S.A.- con tal propósito, debiendo tenerse presente además que lo que se busca con la caducidad de la declaratoria de utilidad pública que se pretende aplicar, y la consecuente dictación de normativa urbanística establecida en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, es evitar que se afecten los derechos de los particulares al mantener latente una posible expropiación respecto de la cual no existe certeza de su concreción, lo que claramente no ocurre en este caso, en que la declaración de Área Verde era consubstancial al traspaso de los bienes  ejecutado”, dice el fallo.

(Fuente: Poder Judicial)

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