La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad presentado en contra de una decisión del Consejo Para la Transparencia (CPLT) que ordenó al Ministerio de Justicia entregar información sobre un proyecto de modernización penitenciara a cargo de la empresa Altegrity Risk.
En fallo unánime (rol 842-2012) los ministros de la Octava Sala Leopoldo Llanos, María Eugenia Campo (suplente) y el abogado integrante Eugenio Benítez rechazaron la presentación en contra de la decisión que otorgó a la Fundación Ciudadano Inteligente el acceso a pre informes de la empresa Altegrity Risk y que no habían sido proporcionados por el Ministerio de Justicia en su oportunidad bajo el argumento de que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad pública.
La resolución determinó que los documentos no se encuentran bajo las restricciones de reserva y que deben proporcionarse.
“Que por consiguiente, en este caso, conforme al artículo 8 de la Constitución Política de la República, que consagra el principio de publicidad de los actos públicos y de la Ley 20285, en su artículo 21, que permite justificar la denegación de la información que le fue solicitada cuando concurre alguna de las causales de secreto o reserva que establece dicha norma, al referir: Si la publicidad, comunicación o conocimiento afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, afecta el derecho de las personas, la seguridad de la Nación, el interés nacional, o se trate de una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8 ° de la Constitución Política, dice el fallo.
(Fuente: Poder Judicial)
Speak Your Mind