Corte Suprema ratifica fallo que acogió recurso de protección por desalojo de inmueble fiscal

corte-supremaLa Corte Suprema confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió un recurso de protección por el desalojo del International Sporting Club, ubicado en Avenida Bellavista 180.

En fallo unánime (causa rol 1119-2013), los ministros de la Tercera Sala Sergio Muñoz, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y los abogados integrantes Emilio Pfeffer y Jorge Lagos, ratificaron en todas sus partes la resolución del tribunal de alzada que consideró ilegal y arbitraria la orden de desalojo decretada por el Ministerio de Bienes Nacionales y la Intendencia de la Región Metropolitana.

Ambos organismos públicos habían decretado el desalojo del inmueble al no renovar la concesión de uso de terrenos fiscales, restitución que a juicio del tribunal de alzada se debió realizar por procedimientos habituales y por una determinación administrativa.

“No cabe sino concluir que para lograr la restitución del inmueble de propiedad fiscal que se encontraba en poder de la Corporación International Sporting Club, el Ministerio de Bienes Nacionales debió iniciar las acciones legales tendientes a la obtención de un pronunciamiento judicial en tal sentido, única forma de resolver la controversia jurídica planteada entre las partes, desde que la facultad otorgada a los gobernadores por el citado artículo 4° letra h) de la ley 19.175 para exigir la restitución administrativa de un bien fiscal, está prevista para hipótesis de simple ocupación u ocupaciones de hecho, cuyo no es el caso de autos. Así se desprende de la norma citada, al prevenir que en los casos de ocupación ilegal o empleo ilegítimo de un bien del Estado, el Gobernador exigirá su restitución administrativa, “cuando proceda”, lo que significa que la autoridad administrativa habrá de discernir la situación fáctico-jurídica en que se encuentra, ya que no procede ejercer la facultad extraordinaria concedida a la Administración, en todos los casos. Lo anterior es concordante, por lo demás, con lo dispuesto en el artículo 19 del DL 1939, antes transcrito, que establece que en el caso de un ocupante de un bien fiscal que no logre acreditar que tiene una autorización, concesión o contrato originado en conformidad a esa ley, será reputado ocupante ilegal, en contra del cual se podrán ejercer las acciones posesorias establecidas en el título IV del Libro III del Código de Procedimiento Civil. Si aceptáramos la interpretación de las recurridas, para quienes parece ser suficiente que exista una ocupación ilegal – cualquiera sea su origen y características particulares – lo dispuesto en el artículo 19 citado carecería de todo sentido, sería letra muerta, puesto que el Gobernador tendría facultades para resolver, por sí y ante sí, el desalojo de un bien fiscal, tanto si se trata de la toma ilegal de una calle, colegio público o carretera, como del incumplimiento de un contrato u otra situación cualquiera”, sostiene el fallo del tribunal de alzada.

(Fuente: Poder Judicial)

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