La sala del Senado avanza en el análisis –en segundo trámite constitucional- del proyecto del Ejecutivo, presentado en mayo del año 2011, que regula la probidad pública y establece el fideicomiso.
En lo esencial, la iniciativa impone a las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado cumplir fielmente el principio de probidad, en el sentido de “observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular”. A tales fines, se obliga a las autoridades que indica a declarar sus intereses y patrimonio en forma pública conforme a los casos y condiciones que señala. En cuanto a las autoridades que posean patrimonios elevados, les impone “otorgar un mandato de administración discrecional de cartera de valores (fideicomiso ciego) y, en casos calificados, obliga a la enajenación forzosa de los activos”.
En la oportunidad, los parlamentarios concentraron su discusión en la necesidad de transparentar la actividad pública y regular la participación en igualdad de condiciones independientemente del patrimonio personal.
En ese sentido, el senador Zaldívar valoró la instancia, toda vez que a su juicio “los acontecimientos en el ámbito político y la crítica a la gestión pública se debe muchas veces a la falta de transparencia en estas áreas”.
Finalmente, el Ministro de la SEGPRES, Cristián Larroulet, destacó que la iniciativa -resultado de dos proyectos refundidos, uno relativo a la declaración de patrimonio e intereses y otro que regulaba la institucionalidad del fideicomiso ciego- se alinea dentro de los proyectos que buscan reforzar la Ley de Transparencia, como el recientemente aprobado proyecto que regula el lobby.
(Fuente: Diario Constitucional)
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