Corte Suprema ordena a municipio y orden religiosa reconstruir inmuebles en Zona típica de Rancagua

corte-supremaLa Corte Suprema condenó a la Municipalidad de Rancagua y a la Orden Convento de la Merced por el daño que provocó la demolición de cuatro inmuebles -de propiedad de la orden religiosa, ubicados en un sector de la ciudad declarado como zona típica y colindante al Monumento Histórico Iglesia de la Merced- y ordena su reconstrucción en el mismo lugar en que encontraban emplazados y respetando sus características constructivas y arquitectónicas originales.

En fallo unánime (causa rol  6617-2012), los  ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry y María Eugenia Sandoval; además del abogado integrante Alfredo Prieto, acogieron la demanda por daño ambiental presentada por el Fisco de Chile en contra del municipio y la orden religiosa, por su responsabilidad en la demolición de los inmuebles, en 2006.

El fallo acogió un recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua que había rechazado la demanda y revocado el fallo de primera instancia del  Segundo Juzgado Civil de Rancagua.

La sentencia de la Corte Suprema determina que la demolición de los inmuebles vulneró las normativas de conservación histórica y, además, el proyecto requería un Estudio de Impacto Ambiental.

“Que lo que se pretende por la Ley N° 17.288 es la protección y conservación de las zonas típicas manteniendo sus caracteres ambientales, de manera que cualquier alteración que se pretenda introducir deba ser previamente autorizada por el Consejo de Monumentos Nacionales, por lo que si ha de requerirse tal permiso para las construcciones nuevas o para obras de reconstrucción o mera conservación, con mayor razón se lo requiere para su demolición.
Que por su parte el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que los edificios existentes en zonas de conservación histórica  no podrán ser demolidos o refaccionados sin previa autorización de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo correspondiente”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Si bien el artículo 148 N° 3 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones autoriza al Alcalde a ordenar la demolición de obras que no ofrezcan las debidas garantías de salubridad y seguridad, o que amenacen ruina, tal disposición se refiere a construcciones distintas de las protegidas a que se refiere el artículo 60 antes señalado, ya que, como se dijo, lo que se pretende es justamente la conservación de tales lugares, de manera que tratándose de edificaciones que se emplazan dentro de un barrio histórico declarado zona típica se requiere la autorización de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo. Tampoco puede considerarse, como erróneamente lo sostienen los jueces del fondo, que el artículo 148 N° 3 prevalezca porque tutela el derecho a la vida, que prima sobre el interés histórico o turístico, porque la urgencia a que hacen referencia en el fallo impugnado está contemplada en el artículo 156 de la ley señalada, que regula el caso de peligro inminente de derrumbe de una obra o parte de ella, disposición que no fue el antecedente de la orden de demolición extendida”.

(Fuente: Poder Judicial)

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