Corte Suprema dicta resolución en materia de Transparencia

corte-supremaEn fallo dividido (causa rol 8517-2012), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Sergio Muñoz, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y Alfredo Pfeiffer (suplente); además del abogado integrante Emilio Pfeffer, rechazaron recurso de queja presentado en contra de una de las salas del tribunal de alzada que negó la entrega información de actas del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Descargue fallo analizado por Microjuris.

La sala determinó que los jueces del tribunal de alzada no cometieron faltas o abusos graves en la decisión que consideró que los datos en poder del CDE son reservados.

“Que en el presente caso el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte (…). Que lo anterior no significa necesariamente compartir la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho efectuada por los funcionarios reclamados”.

El fallo se adoptó con el voto en contra del ministro Muñoz, quien estuvo por acoger el recuro de queja y consideró que no debió acogerse la reclamación de ilegalidad presentada por el CDE: “(…) este disidente es de parecer de dejar asentado, además, que la reclamación de ilegalidad deducida por el Consejo de Defensa del Estado no ha debido ser acogida, desde que las diversas materias de cuya publicidad se discute en autos no se encuentran sometidas, todas ellas, a un mismo tratamiento. En efecto, aquellas referidas a las seis primeras, vale decir, las que aluden a la identificación de la víctima, a la del delito, a la del rol de la causa, a la copia de la sentencia condenatoria penal, a la copia de la sentencia, conciliación, avenimiento o transacción civil y al monto de la indemnización, si la hubiere, tienen un régimen diverso de la última, esto es, de aquella relacionada con el Acta del acuerdo del Consejo de Defensa del Estado en que se definió la procedencia de la respectiva indemnización, pues aquéllas corresponden a información de suyo pública, en cuanto derivan de procesos judiciales, especialmente si se encuentran terminados por sentencia firme, de modo que no es posible entender, de manera alguna, que se hallan sujetas a alguna clase de reserva o secreto. En cuanto al último punto objeto del requerimiento de publicidad, resultan suficientes para desestimar su confidencialidad las argumentaciones vertidas en los fundamentos primero a décimo del presente voto de minoría”, sostiene

(Fuente: Poder Judicial)

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