Profesores de derecho acusaron vacíos legales en materia de regulación del derecho de reunión

marchaEntre los puntos destacados por los profesionales a los diputados de la Comisión Investigadora sobre el derecho de reunión y seguridad pública, se encuentra la necesidad de avanzar en una normativa de carácter más preventivo y en una regulación no administrativa del actuar general de las policías.

Un amplio margen de vacío legal en torno a la aplicación del derecho de reunión y a la forma en la cual las policías controlan su pleno ejercicio, distinguieron los profesores de Derecho Ángela Vivanco, Juan Pablo Mañalich y Alberto Coddou ante la Comisión Investigadora sobre el derecho de reunión y seguridad pública.

Juan Pablo Mañalich, profesor del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, planteó que uno de los defectos que aquejan a la institución jurídica es que los desafíos relativos al resguardo del orden y seguridad pública son configurados desde el punto de vista represivo, que caracteriza al derecho penal, en contraposición con el derecho policial, respecto del cual existe un déficit estructural. Dijo que hay que notar que existe una asimetría alarmante que tiene que ver con el hecho que “hay una razonable especificación legal de las competencias, facultades y deberes que recaen sobre los miembros de las fuerzas de orden y seguridad pública en lo relativo a su contribución a tareas genuinamente investigativas en pos de la eventual represión de hechos delictivos ya acaecidos”. Sin embargo, agregó, hay una completa subregulación de los modos de proceder que son adecuados para los agentes policiales en el desempeño de su labor preventiva.

La profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ángela Vivanco, sostuvo que hay una premisa que parece importante para entender el marco jurídico en esta materia y es el hecho que nuestra Constitución, desde su inicio, ha ahondado y detallado mucho más en las funciones orgánicas que entrega a los distintos poderes y funciones del Estado que al sustrato asociado a las garantías constitucionales en que esas facultades pueden incidir.

Recalcó que la legislación pone énfasis en el aspecto físico de la reunión, sin dar cuenta del fundamento del derecho de reunión. “La discusión ha olvidado el razonamiento que hay detrás del Derecho de Reunión y se ha puesto más énfasis en la realidad física del mismo. Asimismo, se ha desarrollado poco la connotación que tiene la vinculación entre este derecho y la libertad de expresión y la libertad de conciencia”, sentenció.

Criticó también que el desarrollo jurídico vinculado a las garantías entregadas a las fuerzas de seguridad presenta bastantes altibajos, porque, primero están las grandes normas constitucionales y las atribuciones generales de las leyes, para luego pasar a normas de carácter administrativo. “En gran medida se produce un vacío entre el mandato general de la ley y el modo que por vía administrativa que se regula, ya ni siquiera en decreto supremo, sino de instrucciones o circulares, que incluso son declaradas secretas e imposible conocer”, remarcó.

(Fuente: Diputados)

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