Avanza trámite de proyecto que reforma y moderniza la legislación relativa al régimen concursal

insolvenciaUn apoyo generalizado entregaron esta tarde el profesor de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile, Sergio Mejía, y el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Quiebras, Francisco Rojas, al proyecto (boletines refundidos 8324 y 8492) que reforma y moderniza la legislación relativa al régimen concursal, iniciativa que hoy se encuentra en análisis en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

El profesor Sergio Mejía sostuvo que el aspecto más relevante de la propuesta es esclarecer la quiebra como motivo legal de término de contrato de trabajo. “Con ello se resuelve un aspecto no regulado hasta la fecha, que sólo había sido abordado jurisprudencialmente en numerosos fallos, al señalar que ni el caso fortuito o fuerza mayor, ni las necesidades de la empresa son causales de término aplicables en caso de quiebra de la empresa”, recalcó.

Estimó que la ventaja del proyecto es de orden práctico, al resolver la situación de modo que el trabajador pueda acceder a pagos administrativos sin necesidad de esperar la sentencia, como ocurre hasta la fecha, y al clarificar al síndico o liquidador el procedimiento a seguir.

También destacó el hecho de dar carácter legal al derecho del trabajador a indominaciones sustitutivas del aviso previo y por años de servicio (manteniendo la práctica de los síndicos y tribunales); la opción de que el finiquito pueda firmarse con cotizaciones impagas, reduciendo con ello el tiempo de espera del trabajador; y la fijación de una indemnización al trabajador por término del contrato, por quiebra del empleador, entre otros.

El profesional también pidió efectuar algunos perfeccionamientos al proyecto, en pos de evitar hacia el futuro problemas de interpretación de la norma. En esta línea llamó a modificar el tratamiento especificado para la nueva figura de “protección financiera concursal”, establecida para el deudor, de modo de no afectar la acción de los mandos medios; aclarar que el plazo de prescripción seguirá corriendo una vez transcurrido el período de 30 días (plazo de aplicación de la protección); y esclarecer la suspensión del procedimiento laboral.

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