Más de sesenta indicaciones recibió proyecto que fortalece la probidad en la función pública

SenadoLa iniciativa –que ya fue respaldada en general por la Sala- reconoce como mecanismo principal en la prevención de los conflictos de interés la estructuración de una declaración de intereses y patrimonio clara y transparentemente.

Tras recibir más de medio centenar de indicaciones, avanza el texto legal que “impone a todo funcionario público el deber de actuar con eficiencia, eficacia e imparcialidad en el ejercicio de sus tareas” y obliga a efectuar una declaración de intereses y patrimonio, lo que será analizado en particular por la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización.

Esto, luego de que la Sala aprobara en general el mensaje, que se encuentra en su segundo trámite constitucional, dando paso al estudio de las mejoras que perfeccionan el texto legal, propuestas fundamentalmente por los senadores Hernán Larraín, Isabel Allende, Eduardo Frei Ruiz- Tagle y Carlos Bianchi; además de las presentadas por el Ejecutivo.

Cabe precisar que el texto señala que “lo que importa que el actuar tanto de las autoridades como de los funcionarios debe girar en torno a la consecución del bien común y no anteponiendo el interés personal o particular de algún grupo, considerando que el Estado debe estar al servicio de las personas”.

Dado que se trata de uno de los principios que fundamentan la labor de la función pública, existe una diversidad de mecanismos que permiten promover y hacer cumplir el principio de probidad, los cuales suponen para estos efectos la existencia de un sujeto fiscalizado (el funcionario público) y otro fiscalizador.

A través de un artículo único se hace cargo de la regulación de los mecanismos que promueven el ejercicio honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular, lo anterior sin perjuicio de la regulación que se encuentra vigente, en otros cuerpos normativos, relacionada con distintos aspectos de probidad pública.

Los mecanismos que se regulan en esta ley son: la declaración de intereses y patrimonio, la cual se homologa, complementa y perfecciona; la obligación de ciertas autoridades relativa a la constitución de un mandato de administración discrecional de cartera de valores; y, finalmente, la enajenación de los activos que esta ley señala en aquellas situaciones excepcionales en las que el mandato no pueda resolver un determinado conflicto de interés.

Por otra parte, contiene también la adecuación de la legislación vigente relativa a la materia que se encuentra recogida en diversos cuerpos legales, a la nueva ley de Probidad Pública.

Consulte tramitación del Proyecto de Ley, Boletín N° 7616-06

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