Corte de Santiago acoge recurso de protección de ciudadana extranjera contra el Registro Civil

corteLa Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por una ciudadana peruana, a quien el Servicio de Registro Civil le negó la entrega de un certificado de antecedentes por no poseer cédula de identidad y estar en una situación migratoria irregular.

 Consulte fallo analizado en Microjuris

En fallo unánime (causa rol 12449-2013), los ministros de la Novena Sala Alfredo Pfeiffer, Omar Astudillo y la abogada integrante Mariana de la Puente, acogieron la acción cautelar presentada por Nancy Arce Borja.

La recurrente concurrió hasta una de las oficinas del Registro Civil para solicitar la entrega de un certificado de antecedentes; sin embargo, el servicio no le entregó el documento, argumentando que la solicitante no poseía cédula de identidad para extranjeros y  estar en una situación migratoria irregular y registrar un decreto de expulsión en su contra.

La sentencia del tribunal de alzada determina que el actuar del Registro Civil vulnera el derecho de igualdad ante la ley –garantizado en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política– que no hace distingo alguno entre ciudadanos nacionales y extranjeros y, en la práctica, es “un incentivo perverso a la clandestinidad”.

“Cabe poner de relieve que todo extranjero tiene derecho a emigrar de su país (STC, 04 de julio de 2013, motivo décimo, Rol 2273-12). Sigue a ello añadir que, además, es titular de los mismos derechos fundamentales que un nacional, puesto que en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, se proclama a tales derechos como asegurados“a todas las personas”, sin distinción alguna, de modo que el imperativo de respeto y promoción de tales derechos esenciales, en los términos a que alude el artículo 5° de la Carta Fundamental, se hace extensivo a los no nacionales que se encuentran en el territorio de Chile. De otro lado, confirma lo que se viene diciendo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y el artículo 1.1 de Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que obligan a los Estados a respetar y garantizar esos derechos a todas las personas que se encuentran en su territorio, sin distinción ni discriminación alguna, sea de raza, sexo, idioma, religión, opinión u origen nacional, entre otros criterios sospechosos”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Aun cuando no existiera una simetría exacta entre el derecho a emigrar y el deber del Estado que recibe a otorgar residencia, lo cierto es que un extranjero avecindado en Chile tiene que disponer –cuando menos– de la posibilidad de intentar la regularización de su estadía, máxime cuando para ese fin busca sujetarse a la normativa interna implementada al efecto. Un parecer distinto significaría un incentivo perverso a la clandestinidad”.

“Desde la óptica que confieren esas premisas esenciales, se tiene que el sentido del artículo 76 de la Ley de Extranjería no puede ser otro que impedir que se consolide una situación irregular, pero no con un propósito de degradar derechos sino que, al contrario, de velar por la situación especialmente vulnerable de quien atraviesa por esa condición, propiciando entonces la tutela de esos derechos. Por lo tanto, nada está más alejado del fin que debe lograrse con esa disposición legal, que obstaculizar la regularización pretendida por la recurrente. Un significado como ése contraría el orden fundamental. Es más, la manera en que ha actuado el servicio recurrido conduce a una situación absurda o a un círculo vicioso: como la peticionaria no ha regularizado todavía su situación migratoria, no puede obtener cédula de identidad para extranjeros y ocurre que para obtenerla, precisa el certificado de antecedentes que reclama (…) la actuación cuestionada coloca a la recurrente en una estado de imposibilidad de cumplimiento de las exigencias administrativas, se la obliga a mantenerse en la irregularidad, se la deja en un borde carente de racionalidad y proporcionalidad que, así, deviene en arbitrario e ilegal. Todo ello, afecta su derecho a la igualdad que consagra el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República que –en la dimensión que interesa- consiste en la necesidad de recibir un tratamiento equivalente entre iguales y que se traduce en un imperativo de no discriminación y de prohibición de la arbitrariedad. (“Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”). En efecto, la negativa a otorgar su certificado de antecedentes a la recurrente se ha sustentado –en último término– en su condición de extranjera, distinción que proscribe tanto la normativa nacional como internacional”, agrega.

(Fuente: Poder Judicial)

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: