Corte Suprema ordena a municipalidad de Puente Alto indemnizar por cierre ilegal de botillería

CorteSupremaChileLa Corte Suprema condenó a la Municipalidad de Puente Alto a pagar $10.000.000 (diez millones de pesos), a dueño de botillería cerrada de manera ilegal y arbitraria el 2004.

En fallo unánime (causa rol 8412-2012), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Sergio Muñoz, Héctor Carreño y Lamberto Cisternas; además de los abogados integrantes Jorge Lagos y Guillermo Piedrabuena, acogieron la demanda presentada por Luis Quilodrán Atabales, determinando que el municipio deberá pagar $5.500.000 (cinco millones quinientos mil pesos) por concepto de daño moral, y $ 4.500.000 (cuatro millones quinientos mil pesos), por lucro cesante.

La sentencia determina la falta del servicio del municipio al no renovar la patente de alcoholes del local, ubicado en calle Lago Yelcho, de la comuna, el que debió permanecer cerrado entre febrero y octubre de 2004. En segunda instancia, la Corte de Apelaciones de San Miguel había acogido el recurso de protección presentado por Quilodràn Atabales, declaró ilegal y arbitraria la decisión del municipio de no renovarle la patente de alcoholes.

“Que, en la especie, el estatuto orgánico de las Municipalidades establecía como deber de conducta para el Alcalde requerir el acuerdo del Concejo Municipal para renovar las patentes de alcoholes, así como exigir la consulta previa de la junta de vecinos respectiva (Art. 65 letra ñ) de la Ley N° 18.695). Además, en virtud de la preceptiva consagrada en la Ley de Bases Generales de Procedimientos Administrativos, se exigía que la autoridad comprobara de un modo razonable que los antecedentes recopilados para no renovar la patente se encontraren demostrados. De esta manera, si la Administración basó una decisión discrecional, como la contenida en el artículo 65 letra ñ) de la Ley N° 18.695, en determinados hechos que no fueron comprobados, la juridicidad de la decisión se encuentra afectada por falta de fundamentación. En efecto, según quedó establecido, el acto administrativo fue dictado por la autoridad sin cumplir con el deber de motivarlo sobre la base de hechos cuya ocurrencia fue razonablemente demostrada. Por otra parte, el ciudadano afectado tenía derecho a esperar a la luz de la normativa señalada que el servicio funcionara eficientemente. Por el contrario, nada de ello ocurrió, el comerciante afectado pidió a la Municipalidad de Puente Alto la renovación de la patente de alcoholes, ante lo cual el ente edilicio, sin cumplir con el deber de tener a la vista la opinión de la junta de vecinos respectiva, basó exclusivamente su decisión considerando una carta firmada por el Presidente de una Junta de Vecinos del sector en la que acusaba que en el lugar de expendio se vendía alcohol a los menores y que se mantenía abierto hasta altas horas de la madrugada. Surgía así la necesidad de que en concreto el municipio contemplare mecanismos apropiados para comprobar –de un modo razonable según insistentemente se ha dicho- que la denuncia fuere efectiva; no obstante, ello no ocurrió y se estableció en el procedimiento cautelar que no había ningún antecedente que respaldara tal acusación”, sostiene el fallo.

(Fuente: Poder Judicial)

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s