Tribunal Constitucional rechazó inaplicabilidad que impugnaba parte de una norma del Código Procesal Penal sobre juicio simplificado

Tribunal_Constitucional_ChileEl Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 389, parte final, del Código Procesal Penal, donde señala “en cuanto se adecuen a su brevedad y simpleza”, a propósito de las normas supletorias aplicables al juicio simplificado.

La gestión pendiente invocada incide en un proceso penal por cohecho sustanciado ante un Juzgado de Garantía de Colina.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional arguyó, en torno a los criterios interpretativos, y, en específico, respecto a la constitucionalidad de las normas supletorias, que en el presente requerimiento la norma impugnada establece una regla de supletoriedad dirigida al juez con el objeto de salvar lagunas jurídicas. En este sentido, el legislador prevé la aplicación de normas del proceso penal ordinario durante la tramitación del procedimiento simplificado, lo que permite al tribunal cumplir su deber constitucional de conocer, resolver y hacer ejecutar lo juzgado, toda vez que, reclamada legalmente su intervención, no puede excusarse de ejercer tal autoridad, “ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión” (inciso segundo del artículo 76 de la Constitución).

La remisión normativa antes descrita prescribe al juez dotar al procedimiento simplificado de reglas más densas de debido proceso, en cuanto sean adecuadas a su brevedad y simpleza, sostiene el fallo.

En cuanto a la relación entre principio de congruencia y debido proceso, aduce el TC que esta Magistratura ha fallado en repetidas ocasiones sobre el contenido y alcance de este derecho, señalando, por ejemplo, que “el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso. Con ello se establece la necesidad de un juez imparcial, con normas que eviten la indefensión, que exista una resolución de fondo, motivada y pública, susceptible de revisión por un tribunal superior y generadora de la intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y certeza jurídica propias del Estado de Derecho” (STC Rol N° 1838, de 7 de julio de 2011).

Conforme a lo anterior, expresa la sentencia, el principio de congruencia puede definirse como aquel elemento del debido proceso que obliga al juez a dictar una sentencia coherente con la investigación penal, pudiendo fallar sólo respecto de los hechos y las personas materia de la acusación fiscal, asegurando de esta forma una investigación penal racional y justa, así como una adecuada defensa jurídica.

En seguida, en relación a la aplicación del procedimiento simplificado, se agrega en esencia que la aplicación del procedimiento simplificado implica varias opciones de tramitación y resolución, dependiendo de la admisión de responsabilidad del imputado, de la naturaleza del ilícito penal y de la pena requerida por el Ministerio Público. De este modo, si en el juzgamiento de faltas el fiscal pide sólo la imposición de una multa, se aplicará el procedimiento monitorio; si el imputado admite responsabilidad en los hechos, procede su resolución inmediata; si no admite responsabilidad, se prepara y realiza una audiencia de juicio simplificado. En todas estas modalidades, el procedimiento se inicia con la formulación de un requerimiento por parte del Ministerio Público, a través del cual se pone en conocimiento del imputado el hecho punible que se le atribuye, de manera análoga a la acusación que se formula en el procedimiento ordinario.

Sobre la aplicación al caso concreto, manifiesta la Magistratura Constitucional que el requirente busca, a través de la presente impugnación, refutar una resolución judicial, que consistió en la interpretación del precepto legal impugnado en contra de los intereses hechos valer por la parte en la respectiva audiencia. En este sentido, la interpretación de la norma aludida es una facultad privativa del juez de instancia, que no es procedente impugnar a través de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

El precepto legal impugnado, indica el TC, no afecta el derecho constitucional al debido proceso en el caso concreto, por cuanto el requirente aún tiene suficiente tiempo y etapas procesales para preparar su defensa en un juicio que recién comienza. Considerando además que en la futura celebración de la audiencia de juicio simplificado puede presentar pruebas, argumentar su teoría del caso e impugnar a través de los mecanismos pertinentes una sentencia desfavorable.}

Respecto a una posible infracción del principio de congruencia –en cuanto integrante del debido proceso penal-, concluye en esencia el fallo arguyendo que ésta no puede verificarse si aún está pendiente la etapa procesal de fallo. Sólo con la dictación de la sentencia podremos determinar si ésta es o no congruente con el requerimiento fiscal, de modo que hasta el momento no existe una vulneración de este principio y, por tanto, tampoco se infringe el derecho fundamental asegurado en el inciso sexto del artículo 19 N° 3° constitucional.

Motivos anteriores en virtud de los cuales fue rechazado el requerimiento de autos.

Por su parte, el Ministro Romero previno que concurre al fallo con excepción de lo dispuesto en el considerando vigesimosexto.

(Fuente: Diario Constitucional)

Vea texto íntegro de la sentencia

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