Tribunal Constitucional acogió requerimiento de inaplicabilidad que impugnó artículo 2331 del Código Civil

codigo civilEl Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad que impugnó el artículo 2.331 del Código Civil. La gestión pendiente invocada incide en autos sobre indemnización de perjuicios, de que conoce el Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mauricio Silva Cancino -al ser los involucrados el diputado Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar y el senador Carlos Bianchi Chelech- actualmente en periodo de prueba.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional arguye, respecto al derecho a la honra e indemnización, que, como es sabido, el derecho a la honra, por trascendente que sea para la vida de las personas, no es un derecho absoluto, pues su protección admite límites. El derecho a la honra debe ser debidamente ponderado con la libertad de expresión, en especial cuando las posibles expresiones injuriosas han sido emitidas a través de medios de comunicación masiva; pero, además, en atención a las circunstancias concretas del caso en estudio, debe ponderarse con el interés público que implica el desempeño de una función o cargo público.

Así, expone el Tribunal Constitucional, como el legislador puede razonablemente establecer restricciones al derecho a la honra, también puede legítimamente regular las condiciones de procedencia o presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual en los casos de su afectación (STC Rol N° 1463, considerando 20°). Así, es posible para la ley determinar plazos de prescripción, configurar presunciones legales de responsabilidad o prescribir, por ejemplo, que para demandar la responsabilidad deben cumplirse determinados presupuestos procesales. Con todo, la regulación que el legislador establezca debe poseer un fundamento razonablemente justificado.

En torno al artículo 2331 del Código Civil y su proporcionalidad, señala la sentencia que la sola lectura del artículo impugnado en esta ocasión permite apreciar que no otorga la posibilidad de resarcir el daño moral, toda vez que, en los supuestos que regula, la indemnización se limita al daño emergente y al lucro cesante que pueda apreciarse en dinero. Así, su aplicación en el caso concreto, efectivamente, impediría que la persona que se considera afectada en su honra o crédito, como producto de imputaciones injuriosas, que no han sido perseguidas como delito, pudiera ser indemnizada por el daño moral sufrido.

Así, prosigue, al impedirse de modo absoluto la indemnización por daño a la honra -que, como se ha dicho, no posee en sí mismo valor económico o patrimonial-, se afecta el artículo 19, N° 4°, en su esencia.

En razón de lo afirmado, concluye en esencia el fallo, también se debe considerar infringido el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución, invocado por el requirente, toda vez que la aplicación del precepto impugnado, en la gestión pendiente de que se trata, vulnera asimismo la obligación que pesa sobre los órganos del Estado de respetar y promover los derechos que emanan de tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, como es el derecho a la honra reconocido en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Motivos anteriores en virtud de los cuales fue acogido el requerimiento de autos, declarando inaplicable la expresión “, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero; pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria,”, contenida en el artículo 2331 del Código Civil.

(Fuente: Diario Constitucional)

Consulte texto íntegro de la sentencia.

 

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