Corte Suprema acoge recurso de casación y anula indemnización por remoción de funcionario de fiscalía sur

CorteSupremaChileLa Corte Suprema acogió el recurso de casación presentado por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la sentencia que ordenaba al fisco a pagar a una indemnización por el despido de un funcionario del Ministerio Público, quien se vio involucrado en un caso de tráfico de drogas.

En fallo dividido (causa rol 3265-2013), los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry y María Eugenia Sandoval; además del abogado integrante Alfredo Prieto, acogieron la acción presentada en contra de la resolución que ordenaba pagar $30.000.000 (treinta millones de pesos) a César Soto Torres, ex funcionario de la Fiscalía Metropolitana Sur.

La sentencia del máximo tribunal descartó que el Ministerio Público haya actuado arbitraria o negligentemente al destituir a Soto Torres, acusado de cometer diversas irregularidades y aparecer vinculado a una causa de tráfico de drogas que investigaba la fiscalía en la que se desempeñaba.

“El demandante fue objeto de la medida disciplinaria de remoción del cargo que desempeñaba como administrativo en la Fiscalía Metropolitana Sur, por cuanto fue sorprendido no sólo en tratos indebidos con los abogados de imputados investigados a la sazón por el Ministerio Público en esa misma Fiscalía, sino que, más grave aún, se comprobó que puso a disposición de esos defensores las minutas que los fiscales presentarían posteriormente en las audiencias respectivas, hechos de particular gravedad no sólo porque importaban una palmaria infracción a su obligación de reserva funcionaria, sino que ellos se relacionaban con una investigación por tráfico de estupefacientes y otros ilícitos, por los que a la postre todos los imputados fueron condenados a penas privativas de libertad, incluido el propio abogado defensor, como por lo demás fue ampliamente difundido por los medios de prensa”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “No resulta posible sostener que la actuación de los funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur haya importado un proceder reprochable atribuible a culpa o negligencia que hubiera irrogado al demandante los perjuicios que ha pretendido en estos autos le sean indemnizados. Por el contrario, en concordancia con lo que allí expuesto, los funcionarios encargados de las comunicaciones de prensa de ese Servicio cumplieron con lo que resultaba pertinente exigir en esas circunstancias, en las que no resulta posible soslayar el que producto de la existencia de una investigación por hechos constitutivos de delitos de particular gravedad todos quienes allí se desempeñaban estaban obligados a mantener un comportamiento ceñido estrictamente al estatuto que regulaba el desempeño funcionario, especialmente en lo que concernía a la obligación de mantener en todo momento la reserva respectiva, de manera que no era bajo ninguna circunstancia exigible otra conducta que no fuera el dar a conocer a los medios de comunicación social el que producto de la infracción a sus deberes funcionarios en la que el demandante incurrió, relacionada precisamente con ese caso, finalmente se lo removió de su cargo por una medida disciplinaria adoptada dentro del procedimiento sumario correspondiente, salvaguardando de ese modo en todo momento la necesaria transparencia y apego al ordenamiento que esa repartición está llamada a respetar de manera especialmente celosa y esmerada”.

(Fuente: Poder Judicial)

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